La economía de todo el país se ha visto afectada con cierres de empresas y desempleo, que provocó una caída fiscal… pero los sueldos de los altos funcionarios siguen intactos.
Las claves de esta nota:
- Situación económica del país
- Los números del sector público
- Recortes en el Presupuesto
- Sin intención de descuento
Situación económica del país
El impacto del Covid-19 en Guatemala ha tenido repercusiones en la economía y el campo laboral del país, debido a las restricciones de movilidad para evitar los contagios por Covid-19.
Según los registros de los ministerios de Economía y Trabajo, se revela que hasta el 3 de julio a 145,032 trabajadores les han sido suspendidos sus contratos laborales durante la emergencia.
Según datos proporcionados por el IGSS y el Banguat, entre 60 mil y 67 mil empleos fijos se han perdido en los meses de la crisis.
En otras empresas se ha optado por rebajas salariales o eliminación de beneficios económicos para que las compañías puedan mantenerse a flote.
El director ejecutivo de la Cámara de Industria, Javier Zepeda, señala que la mayoría de las empresas reportan una caída en sus ingresos.
Sin embargo, esta crisis laboral no se ha visto reflejada en el sector público: los trabajadores y funcionarios siguen recibiendo su salario sin descuentos, a pesar de que varias instituciones públicas funcionan de forma irregular.
Los números del sector público
Según el Ministerio de Finanzas, cada mes el Estado desembolsa cerca de 1,900 millones de quetzales en salarios del Gobierno Central. Tan solo de Bono 14, el Estado desembolsará 1,650 millones de quetzales entre esta y la próxima semana.
Ello permanece ajeno a la crisis económica que afecta a todo el país, donde miles de empleados han perdido sus plazas, y otros miles más han sido suspendidos por el programa en el cual perciben únicamente 75 quetzales al día, es decir, menos del salario mínimo.
La crisis económica que ha golpeado a las empresas y trabajadores también tiene su repercusión en el sector público, ya que se prevé una reducción de la recaudación fiscal.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) prevé que este año haya un déficit en la recaudación de impuestos por 6.5 mil millones de quetzales.
"La recaudación depende, sobre todo, de la economía. Si la economía sigue parcialmente parada, la recaudación va a caer. Eso no se puede evitar", advirtió el jefe de la SAT, Marco Livio Díaz.
Recortes en el presupuesto
Esta baja recaudación debería implicar, necesariamente, recortes en el presupuesto, porque no están contempladas otras fuentes de financiamiento para sustituir los ingresos de impuestos.
"Se debería buscar austeridad y ahorros al hacer eficiente el gasto, pero no vemos ninguna señal de que eso ocurra en el Ejecutivo", asegura el consultor de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín.
Zepeda coincide en que se debe priorizar el gasto público para que se utilicen más fondos en inversión y menos en funcionamiento.
"Antes de la pandemia algunos pactos colectivos ya eran leoninos, ahora son peores. El esfuerzo debe ser de todos, no solo del sector empresarial", remarca Zepeda.
Sector público
Pocas propuestas se han realizado desde el sector público, ya que a quienes están vinculados les afecta directamente.
Algunos alcaldes y funcionarios han anunciado donaciones de salarios o renuncian a otros beneficios, como caja chica o gastos de representación, pero no responde a una reducción fija del gasto.
Edmond Mulet, excandidato presidencial, ha estado lanzando un mensaje de una estrategia para el combate de la pandemia, y en su primer punto señala la necesidad de una reducción de salarios y gasto público, ya que de ahí saldrían los recursos para los insumos médicos que hacen falta.
"Aquí todo el mundo está haciendo sacrificios, menos la clase política y los funcionarios del Estado", asegura Mulet.
El expresidenciable plantea que los diputados, alcaldes y funcionarios deberían bajarse el sueldo y que ese ahorro se ponga a disposición de la población a través de programas sociales.
Sin intención de descuento
Hasta el momento, la única propuesta relacionada es la presentada por la bancada Todos en abril. Esta iniciativa de ley busca crear un impuesto temporal del 20% para los trabajadores públicos que ganen más de 15 mil quetzales al mes.
Este tributo afectaría los ingresos de diputados, ministros, directores y secretarios, entre otros. Sin embargo, no ha tenido avances en el Congreso. Cuánto se podría recaudar por este impuesto no está claro aún y la iniciativa ha tenido más críticas que aceptación.
En primer lugar, la iniciativa es solo temporal y no contempla el impacto de la crisis que tendrá a largo plazo.
Algunos analistas consideran que no la propuesta no es viable, pues “podría tener algunas ilegalidades”, comentó el analista político Renzo Rosal.
El consultor del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Abelardo Medina, coincide en que la propuesta podría representar una doble tributación, y que ahí estaría la trampa para que se declare inconstitucional.
"Implementar un impuesto a los empleados públicos no es viable ni deseable. Hay personas en el sector público que tiene ingresos de 4 mil o menos. Si fuera un impuesto a los diputados o quienes tienen ingresos por más de 50 mil quetzales, sí es deseable", enfatizó Medina.
El experto de Icefi añade que también se debe considerar eliminar los privilegios que tienen los empleados públicos como vehículos, teléfono, seguridad y gasolina gratis.
