Las obras de construcción, por lo regular, han sido utilizadas para aprovechamiento y corrupción. Además de incrementar costos, algunos proyectos han servido para beneficiar a políticos y funcionarios. Pero, ha pasado por alto una estrategia de cobro ilegal.
La fiscal de Delitos contra el Ambiente, Aura Marina López, denunció en una entrevista a Soy502, que están en proceso de investigación de varios casos de corrupción y abuso de autoridad, en el que se hace un robo silencioso en las obras de construcción del Estado.
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Según la funcionaria, la Ley de Minería y su reglamento otorgan la exención de licencia para la extracción de minerales para la arena de río y otros materiales que se utilicen para la construcción de obras públicas, pese a ello, están siendo cobradas en los costos de los proyectos.
"La Ley de Minería tiene una exención de licencia para que las empresas puedan extraer minerales que requieran en la construcción de una obra. Estamos hablando de arena de río, poma, balastro y otros minerales que necesiten para las obras públicas, pero lo irónico es que dentro del contrato lo están cobrando y el Estado lo está pagando, pese a que lo extraen gratis", denunció.
La fiscal explicó que el delito casi no es denunciado, porque muy pocas personas saben de ello. "Tenemos más o menos tres denuncias al año, pero se están haciendo varias investigaciones y se ha solicitado información a todas las municipalidades con el detalle de los costos de material para determinar que no haya cobros ilegales", detalló.
"No estoy en contra de la exención. Es un bien para el Estado, porque el Estado es el dueño de los suelos y de los recursos naturales, pero que sea en verdad en beneficio del Estado. No se tiene que cobrar en el proyecto y que se extraiga la cantidad que se dice, porque hay algunos que bajo ese amparo extraen más. Si tenían que extraer 10, extraen 20. No hay un control", lamentó López.
La fiscal no mencionó ningún caso específico. Sin embargo, en una revisión en Guatecompras, Soy502 identificó varios eventos en los que se adquirió arena y piedrín. Uno de ellos es el de la Municipalidad de Cunén, en Quiché. La Corporación aprobó la compra de 276 metros cúbicos de arena de río para el mejoramiento de la calle del parque de Chiul hacia la aldea Xejuyup. La solicitud fue hecha por los vecinos y se pagó 86 mil 700 quetzales bajo la modalidad de compra directa.
Abuso de autoridad
Otro mecanismo ilegal identificado por la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, es la aprobación de licencias de extracción minera. Según la jefa de la sección de investigación del Ministerio Público, los alcaldes se han "tomado a la atribución" de otorgar permisos.
"Permiten la extracción minera y lo hacen con autorización municipal, pero legalmente no existe ninguna ley que faculte a ningún alcalde para autorizar licencias de construcción, ese es un abuso de autoridad que están cometiendo y por ello estamos abriendo casos contra varios alcaldes que están promoviendo el detrimento del ambiente y avalando casos que no les corresponde", manifestó López.
Según la fiscal, Quetzaltenango es uno de los departamentos más afectados con la extracción de arena y piedra poma, lo que está causando la erosión de los suelos, pues las autoridades municipales no están exigiendo estudios de impacto ambiental, ni prevén la reforestación del área explotada, lo que está generando erosión de los suelos, y por ende los deslaves. "Se cree que es un fenómeno natural, pero este fenómeno está siendo provocado", condenó.
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