En medio de alegatos y sobresaltos, la Junta Directiva de la X Legislatura quedó conformada la noche de este domingo 14 de enero, este lunes la Fundación Contra el Terrorismo accionó en contra de la elección, ¿es posible revertir este proceso?
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La Junta Directiva del Congreso de la República está liderada por Samuel Pérez como Presidente del Legislativo, sin embargo, al estar suspendida la personería jurídica del partido que representa, algunas voces en el Congreso cuestionan la legalidad de esta y ahora, Raúl Falla, abogado de la Fundación Contra el Terrorismo, presentó un amparo ante la Corte de Constitucional.
La acción legal presentada por Falla explica que se trata de una denuncia por la violación al principio de Legalidad de la Función Pública (Art. 154 de la Constitución Política de la República) que prohibe la a diputados independientes formar parte de la junta directiva del Congreso de la República.
Con esta acción presentada ante la Corte de Constitucionalidad, la Fundación Contra el Terrorismo pide dejar sin efecto la elección realizada este domingo 14 de enero y volver a repetir el procedimiento en el Pleno del Congreso.
¿Volver a elegir Junta Directiva?
Según el Constitucionalista Aquiles Falliace, lo ocurrido en el Congreso de la República, con la elección de la Junta Directiva, es un fenómeno que en lo sucesivo deberá estudiarse.
"La soberanía radica en el pueblo y éste la delega en el Congreso, por lo tanto, el acto de rebeldía en contra de una orden ilegal, es un acto de soberanía, porque los diputados dieron marcha atrás en la suspensión", explicó el analista.
Además, para el constitucionalista, el mensaje enviado a la población guatemalteca como consecuencia de haber elegido a la Junta Directiva a pesar de enfrentarse a la Comisión de Debate, fue un mensaje correcto, pues, según su análisis jurídico, el Congreso no puede estar sujeto a una Corte, porque el Congreso es el Poder Supremo del país.
El analista explicó a Soy502 que no hay nada más que hacer que continuar el trabajo dentro de la Junta Directiva, que, además, será un poder que habrá que sostener y observar cuán hábil será la Bancada Semilla para mantener los acuerdos alcanzados con las bancadas que integraron la Junta Directiva de la X Legislatura.
De ahí que todo lo que ocurra en torno a la elección de la Junta Directiva 2024-2025, será un "berrinche", concluyó el constitucionalista.
La CC ya ordenó una repetición
En enero de 2018, la Corte de Constitucionalidad aceptó suspender provisionalmente la elección de la Junta Directiva del Congreso en aquella oportunidad luego de un amparo presentado por Acción Ciudadana. En aquella oportunidad había entrado en vigencia la reforma a la Ley Orgánica del Congreso que sanciona a los diputados tránsfugas o que cambian de bancada.
En el pasado, en el Congreso ocurría una práctica, que durante mucho tiempo fue común, que implicaba que los diputados, al tomar posesión de su curul, se nombraban de otro partido, incluso integraban las filas y sesiones de esa bancada nueva o fabricar su propia bancada. Así nació el partido Todos, conformado por disidentes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Sin embargo, tras las reformas, los diputados que se cambien de bancada no podrán tener acceso a integrar Juntas Directivas, tampoco podrán participar en comisiones de trabajo y estos serán declarados independientes.
En aquella ocasión, la CC dio ocho días a los congresistas para volver a realizar la votación y elegir una nueva Junta Directiva.
Suspensión de Semilla
Las acciones para suspender la personería jurídica de Semilla iniciaron en julio del año pasado y se fue concretando en la medida en la que transcurrió el tiempo y las aciones legales se interpusieron para dilatar las resoluciones. Sin embargo, en en noviembre de 2023 el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que suspendía la personalidad jurídica del partido.
A este respecto, Aquiles Falliace explica que una corte que aplica las leyes que el Congreso legisla no la puede aplicar en contra del Congreso, y aunque este análisis es de materia filosófica, en la práctica y según las competencias de la Corte de Constitucionalidad se ha negado a responder la suspensión que el juez Fredy Orellana solicitó en julio del año pasado.
