La Contraloría denunció "irregularidades" en el proceso para emitir el registro sanitario del Remdesivir, un medicamentoutilizado como tratamiento contra el Covid-19.
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Aprobaciones exprés, rechazos injustificados y contrataciones sin registro, son parte de las irregularidades identificadas por la Contraloría General de Cuentas (CGC) en el proceso para emitir el Registro Sanitario del Remdesivir, el cual es utilizado por el sistema de Salud para tratar el Covid-19.
De acuerdo con el proceso de auditoría, seis empresas presentaron expedientes para solicitar el registro sanitario del Remdesivir, que les permitiría participar como proveedor Estado.
Según el informe, elaborado después de una Auditoría Especial al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) tras una solicitud de la sociedad civil, la Contraloría detectó que hubo dos registros sanitarios autorizados de manera "exprés" y otros tres que los dejaron en proceso y uno que fue dado de baja sin justificación.
La CGC explicó que los expedientes fueron ingresados la Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos, quienes solicitaron documentos a todas las empresas, pero cuatro fueron atendidas de manera inmediata. Tres de estas fueron aprobadas, aún cuando no habían terminado de entregar toda la papelería solicitada.
"Se evidenció que el proceso de emisión de Registro Sanitario, no cumple con una etapa en la cual se ha culminado el mismo... tampoco se cumplió con los análisis de efectividad del medicamento", detallaron y explicaron que uno de los expedientes fue rechazado sin darle el tiempo establecido en ley para responder a las dudas del Departamento de Regulaciones.
Adjudicaciones millonarias
Según la CGC, estas adjudicaciones beneficiaron a las empresas que obtuvieron el Registro Sanitario, pese a que otras ofrecían mejores precios, por lo que se afectó al Estado.
Además, se determinó que diferentes Unidades Ejecutoras del MSPAS beneficiaron a una sola empresa con contratos que sumaron más de 2 millones de quetzales (Q2,482,500), pese a que ésta no contaba con el Registro Sanitario, ya que el mismo estaba en proceso.
"Hubo otra empresa que ofertó con un precio más barato, pero se adjudicó a la que no contaba con registro sanitario", por lo que se estimó un sobrecosto de más de 1 millón de quetzales (Q1,690,086).
"En el caso que se hubiera otorgado el Registro Sanitario a otras empresas farmacéuticas y aplicado la misma inmediatez en el proceso de evaluación de los expedientes, se hubiera beneficiado al MPSAS en no pagar un sobrecosto", señalaron.
Al m mismo tiempo consideraron que "hubo menoscabo a los recursos del Estado por no existir libre competencia respecto a los precios ofertados por los proveedores, asimismo desabastecimiento en los centros de atención a pacientes con Covid-19, al no contar con opciones de proveedores a adjudicar".
Sanciones
Luego de la auditoría, la CGC estableció sanciones económicas y administrativas contra cinco funcionarios y exfuncionarios del MSPAS, a quienes les estableció un monto de pago superior a los Q17 mil (Q17,079.76).
Las sanciones se establecieron a los evaluadores Isabel Mata Lemus, Javier Muñoz y Mayra Ordóñez, así como a Beatriz Batres, coordinadora de Unidad; y a Leslie Samayoa, jefa del Departamento.
En su defensa, los señalados argumentaron que se cumplieron con todos los protocolos del Departamento de Registro, así como con normas internacionales como las establecidas en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica.
"A la totalidad de expedientes se les atendió con la prontitud que requería el Estado de Emergencia... Se debe de hacer la observación que depende del volumen y contenido del expediente, fue el tiempo requerido por el evaluador para generar la nota correspondiente", indicaron.
