Luego que un Tribunal de Amparo otorgó amparo provisional al Cacif en el caso de Puerto Quetzal, ¿qué ha pasado con APM Terminals?
EN CONTEXTO: La turbulenta historia de APM Terminals que tiene a Puerto Quetzal en crisis
Desde un juicio civil, hasta demandas y concesiones internacionales, es parte de lo que se ha hablado, luego que una sala resolviera en definitiva la suspensión de la concesión entre el Puerto Quetzal y APM Terminals.
La incertidumbre sobre lo que ocurrirá con la terminal de contenedores más grande en el país se incrementó, al extremo que el presidente Bernardo Arévalo suspendió un viaje que tenía programado a Europa.
Sin embargo, el 28 de junio la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Escuintla, constituida en Tribunal de Amparo, otorgó amparo provisional al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y ordenó "realizar todas las acciones y coordinaciones interinstitucionales" para "garantizar la completa e ininterrumpida operatividad" de la terminal de contenedores.
Aunque se había hablado de agilizar la orden de suspender las operaciones de APM Terminals, esta resolución permitió que las autoridades de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) lograran acuerdos con la filial de la empresa de transporte Maersk Group, que opera en Dinamarca.
Fuentes allegadas a EPQ y al Gobierno indicaron que se habrían llegado a acuerdos con APM Terminals, que consisten en una entrega programática y escalonada de las operaciones de la terminal de contenedores, la cual podría durar hasta dos años. Sin embargo, hay otros que afirman que se ha hablado de tres y cinco años de transición, pero que dependerá de las negociaciones que se hagan con la empresa de capital danés.
Soy502 trató de confirmar de manera oficial esta afirmación con el gerente de EPQ, Ricardo Monterroso, pero no respondió a las llamadas telefónicas, ni a los mensajes de texto.
Según allegados a las autoridades portuarias, existe una orden del Ejecutivo para no revelar los avances de las negociaciones a los medios de comunicación, luego que el Ministerio Público (MP) iniciara una investigación relacionada con una supuesta intervención a EPQ, hecho que Arévalo calificó como "una medida de hostigamiento e intimidación".
Iniciativa fallida
La transición se haría a través de una ley que se esperaba aprobar en el Congreso. La iniciativa comenzó a elaborarse, basándose en las negociaciones entre EPQ y APM Terminals.
No obstante, la propuesta se abandonó a finales de junio, no solo por la falta de apoyo que ha tenido el Ejecutivo con las iniciativas de ley que ha presentado, sino porque el amparo del Tribunal de Escuintla abrió la puerta para buscar otras salidas a la anulación del contrato de concesión.
Ahora, según comentaron las fuentes, se están armando los términos de la entrega de la terminal entre las autoridades de EPQ y de la filial de Maersk Group.
Normalidad
Usuarios del puerto aseguran que las operaciones en la terminal de contenedores sigue trabajando con normalidad y está siendo administrada aún por APM Terminals.
Fanny de Estrada, directora de Relaciones Institucionales de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), aseguró: "Afortunadamente para nosotros (los usuarios) el puerto sigue trabajando gracias al amparo, pero aún se desconocen detalles de las negociaciones".
Para la empresaria, es necesario que en el proceso de transición se de el "tiempo suficiente" para que el Gobierno pueda lanzar una licitación pública donde participen todas las empresas nacionales e internacionales que puedan llevar a cabo el trabajo que hasta ahora efectúa APM Terminals en la terminal de contenedores.
En la actualidad, la filial de la danesa Maersk Group opera más del 60% del comercio de contenedores en el Puerto Quetzal. Solo con la primera fase que logró desarrollar, recibe más de 200 mil unidades de contenedores al año, comparado con los 130 mil máximo que puede recibir EPQ.
De Estrada comentó que la misma incertidumbre legal que ha mantenido la concesión ha provocado que APM Terminals no invierta en la terminal de contenedores. "Desde hace como 5 años han tenido un capital bastante alto en reversa para invertir en mejorar su capacidad instalada, pero no han podido hacerlo", detalló Estrada.
Hasta el momento se sabe que el Gobierno se ha planteado la necesidad de sacar una licitación pública internacional, para que otra empresa, o la misma APM Terminals, se haga cargo de la terminal de contenedores.
Se desconocen cuándo se llevaría a cabo y cuáles serían los términos, pero se ha comentado que podría buscarse una figura que permita al Gobierno consolidarse como accionista y que con ello pueda participar en las tomas de decisiones.
El problema
Luego que la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo decretó la nulidad del contrato entre APM Terminals y EPQ, las autoridades de Gobierno entraron en un dilema para evitar la suspensión de las operaciones portuarias, hecho que provocaría un impacto grave en las importaciones y exportaciones guatemaltecas.
La nulidad se estableció desde 2017, luego de que en 2016 la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), en ese entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval, revelaran que el contrato se logró, luego que una red de corrupción dirigida por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti cobrara en sobornos más de 30 millones de dólares (Q236.6 millones).
La decisión de anular el contrato de concesión por 25 años se atrasó, debido a varias acciones legales, pero al final el pasado 11 de junio la sentencia quedó en firme.
Esta decisión puso en apuros a las autoridades de EPQ, quienes buscan una salida para mantener las operaciones del puerto sin interrupción, al tiempo que prevén más acciones legales para liquidar los bienes instalados por APM Terminals, sin llegar a un juicio internacional.
De igual forma, han indicado que la única salida a largo plazo es implementar una concesión internacional, en la que también podría participar APM Terminals.
