Tras la aprobación del presupuesto por parte del Legislativo, le corresponde al presidente Giammattei sancionarlo o vetarlo.
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El rechazo al presupuesto que aprobó el Congreso para 2024 sigue en aumento y cada vez son más los sectores que abogan por el veto presidencial, que lo dejaría sin efecto, pero ¿qué ocurriría si Alejandro Giammattei accediera a esa solicitud?
Si bien, los diputados podrían aceptar esa decisión y engavetar el decreto que contiene el techo de gastos, también podrían acogerse a la primacía legislativa.
Se trata de una facultad contenida en el artículo 179 de la Constitución Política, que le permite al pleno de congresistas rechazar el veto y dejar que la ley en discusión, en este caso el presupuesto, quede vigente. Para el efecto, se requerirían por lo menos 107 votos favorables.
El abogado constitucionalista Aquiles Faillace opinó al respecto e hizo ver que la situación dependería de la voluntad de los diputados y su consideración sobre los efectos negativos que tendría el presupuesto que avalaron poco antes de la medianoche del 30 de noviembre.
¿Qué dice la ley?
El artículo en mención indica que si se diera el veto presidencial, el decreto tendría que regresar al Congreso y la Junta Directiva lo tendría que poner en conocimiento del pleno en la siguiente sesión.
Superado ese paso, el Legislativo tendría un plazo no mayor de 30 días, podrá reconsiderarlo o rechazarlo.
"Si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazare el veto por las dos terceras partes del total de sus miembros, el Ejecutivo deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los ocho días siguientes de haberlo recibido", reza ese apartado de la Constitución Política.
Además, establece que si el Ejecutivo no cumpliera con ello, la Junta Directiva del Legislativo podría ordenar su publicación en un plazo que no excederá de tres días.
Las consideraciones
El gobierno electo, cámaras empresariales, analistas económicos y organizaciones indígenas se han pronunciado en contra del presupuesto, por considerar que no responde a las necesidades del país y pondría en riesgo su estabilidad financiera.
Aunque el techo de gastos avalado es superior al de este año, con casi Q124,880 millones, contiene una serie de disposiciones que, de acuerdo con quienes lo han estudiado, reduce la inversión social, impide la ejecución de proyectos prioritarios y afectaría el pago de deuda, entre otros aspectos.
Entre las instancias que han solicitado el veto del presidente Giammattei figuran la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), Cámara de Comercio, Coordinadora Nacional de Transportistas, Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham) y autoridades electas.
