El presupuesto aprobado por el Congreso el pasado 30 de noviembre no cumple con invertir en obras prioritarias, indicó la Coordinadora Nacional de Transportes (CNT), por medio de un comunicado dirigido al presidente Alejandro Giammattei.
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La entidad se unió a las voces que piden al mandatario vetar el techo de gastos con el cual contaría el próximo gobierno en su primer año de gestión, por considerar que no atiende a las necesidades de la nación.
Resulta "insostenible para el país seguir con estas condiciones en la red vial", se lee en el texto que fue difundido en las redes sociales. Además, hace ver que Guatemala se encuentra en una "crisis de infraestructura".
La CNT, igual que otros sectores, ha destacado que, si bien el Legislativo garantiza una asignación para más de 400 obras en 2024, estas no serían las más urgentes de atender.
"Como empresarios y principales usuarios de la red vial, nos hemos visto afectados negativamente por el mal estado de las carreteras, así como por la falta de inversiones para el crecimiento de esta", reza el escrito.
Asimismo, urge el veto presidencial a un "presupuesto aprobado de forma antitécnica y sin considerar las necesidades apremiantes de los ciudadanos guatemaltecos".
Candado a proyectos
Cabe destacar que en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024 se incluyó un candado que incrementa la asignación al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), que lo lleva a superar los Q8,500 millones.
Aunque la norma garantiza fondos para reparaciones, rehabilitación de puentes y construcción de nuevas vías, muchas de las obras ni siquiera cuentan con los debidos dictámenes. Además, obliga el pago para trabajos como dragados, que, supuestamente, ya se realizaron y no se pueden fiscalizar.
Tanto el gobierno electo como sectores académicos y empresariales han advertido sobre las complicaciones que traería esta y otras disposiciones para la ejecución del gasto el próximo año y han pedido también que el Presupuesto quede sin efecto.
La decisión está en manos de Giammattei, quien, luego de la aprobación en el Legislativo, tiene a bien la sanción o veto correspondiente.
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