El poder judicial en Guatemala cumplirá un año sin haberse renovado como lo manda la Constitución, en su lugar el sistema jurídico y político ha entrampado la prorroga de funciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las Cortes de Apelaciones.
El atraso ahora en la elección es responsabilidad de los 160 diputados que libran una batalla por posicionar a magistrados afines a sus grupos, pero la demora comenzó en las comisiones de postulación por la suspensión y anulación de las actuaciones por amparos interpuestos.
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La continuidad por alianzas
En términos formales la Corte de Constitucionalidad ya aclaró que los magistrados que se mantienen no pueden abandonar los cargos hasta que los sucesores sean designados para la transición de mando. Con este pronunciamiento no se les aplicaría la prohibición de prolongar las funciones.
No obstante en la parte política existe la intención de mantener a los magistrados que ya concluyeron el periodo por alianzas que se concretaron, así lo consideró Carmen Aida Ibarra, del Movimiento Pro Justicia. “Hay un interés espurio de los diputados en mantener en sus cargos a los actuales magistrados porque tienen alianzas con algunos”, criticó.
Explicó que con los magistrados de la CSJ tendrían pactos con al menos ocho o nueve “en esa alianza también participan varios de las Cortes de Apelaciones. No le puedo decir quiénes, pero sí hay”, opinó.
La activista mencionó que “pueden tener un entendimiento mutuo. Por una parte los magistrados siguen por tiempo indefinido devengando los salarios y gozando de las prebendas y privilegios que supone para los cargos, especialmente para la CSJ”.
En tanto los diputados, continúa diciendo Ibarra “están protegidos porque muchos de ellos tienen cuentas pendientes con la administración de justicia. Entonces los diputados salen beneficiados porque los casos en contra de ellos no caminan o los antejuicios son declarados sin lugar”.
Ibarra menciona que hay terceros interesados que también se benefician de la situación al lograr obstaculizar procesos.
Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), dio a conocer que el Organismo Judicial (OJ) tuvo un 2019 con “una morosidad enorme”, y este año a consecuencia de la pandemia del coronavirus y sin autoridades estables “vamos a tener un rendimiento bajísimo del OJ”.
Consideró que el problema de haberse caducado el periodo de los magistrados es que ya no emprenden nuevos proyectos. “Esas medidas de fondo que se necesitan como agilizar la justicia y minimizar la morosidad ya no le van a entrar de fondo”, dijo Quezada.
Sin acuerdos para nuevos nombramientos
Los diputados no logran el consenso suficiente para obtener los votos que necesitan los aspirantes para ser electos y la disposición de la CC para que la votación sea para cada uno de los cargos hace que el proceso se extienda.
Francisco Quezada del Cien, consideró que el fallo de la CC “es contradictorio y ambiguo” y con una operación matemática estimó que el proceso de elección de los 296 cargos, podría durar entre 99 días y hasta 22 meses, dependiendo del ritmo del Congreso.
“Cada quien quiso impulsar un listado y como no se los han topado están bloqueando la agenda legislativa”, consideró Quezada.
El investigador del Cien, insiste en que si existiera consenso “los diputados buscarían el método de cumplir la resolución de la CC”.
Desde el Congreso no se han impulsado acciones definidas, lo último fue crear una mesa técnica que rápidamente quedó acéfala.
Listados no idóneos
Félix Serrano, quien presidió la Comisión de Postulación de magistrados para la CSJ opinó que el atraso “es injustificable”.
Atribuyó la situación al fallo de la CC que a su criterio “enredó las casos” y dijo que los diputados “deben dar un voto de conciencia y no de partido”.
Mencionó que tienen una lista amplia de donde escoger.
Además del fallo existe el informe que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) entregó al Congreso donde constan algunos hallazgos relacionados a personas particulares, diputados, abogados, jueces y magistrados que podrían tener interés en la elección de magistrados y con ello "manipular e influir" en el proceso.
En él se da a conocer que el sindicado Gustavo Alejos Cámbara se ubicó como un operador en los procesos de elección de Cortes de Apelaciones como CSJ para "procurar impunidad" debido de los cinco procesos penales que enfrenta.
Aquí puedes ver detalles del informe:
- SI NO LO VISTE:
