En el último año, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se ha dado a la tarea de cobrarle a los contribuyentes que no están al día con sus impuestos. Sin embargo, aún no ha volteado a ver al Congreso.
Los registros de la SAT revelan que 47 diputados tienen problemas por omisos, morosidad e, incluso, hay algunos que se encuentran inhabilitados por esta institución.
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Entre los legisladores con adeudos tributarios se encuentran miembros de once de las 18 bancadas del Congreso, resaltando algunos diputados polémicos como Juan Manuel Giordano, Armando Melgar Padilla, Edgar Ovalle y Luis Hernández Azmitia.
Frente de Convergencia Nacional (FCN), Unión del Cambio Nacional (UCN), Movimiento Reformador (MR), Todos, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Alianza Ciudadana, Libertad Democrática Renovada (Lider), Encuentro por Guatemala, Convergencia, Visión con Valores (VIVA) y Compromiso, Renovación y Orden (Creo), tienen en sus filas al menos a un parlamentario con problemas en la SAT.
La lista podría ser mayor, pero los registros de 22 diputados no fueron encontrados en el portal Guatecompras y el Congreso protegió el Número de Identificación Tributaria (NIT) y el Código Único de Identificación (CUI) de los 158 legisladores, argumentando que es "información sensible".
Inhabilitados
Desde antes de llegar al Congreso, el diputado oficialista Julio Juárez debía casi 200 mil quetzales en concepto de Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz (IETAAP) y sigue sin pagarlos, por lo que el monto sufrió un incremento por las multas y moras.
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Esta deuda, sumada a varios omisos en declaraciones, provocaron que desde el 13 de marzo de 2016 tenga una doble inhabilitación ante la SAT.
Los adeudos del parlamentario del FCN habrían sido acumulados durante varios años por medio de sus empresas Construservi Zoe, Multiservicios Juárez, Pinturas Acuarelas, Road Market y Servicentro J & R.
En enero, el MP solicitó un antejuicio contra Juárez por presuntamente ser el autor intelectual del asesinato de dos periodistas. Según las investigaciones, el entonces alcalde de Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez, habría pagado para matar a un comunicador que reveló sus problemas con la SAT.
El FCN también tiene entre sus filas al parlamentario Oscar Corleto, quien tiene deudas con sus empresas Transporte de Pollo El Puente y Transporte de Pollo El Puente 2. Con base a lo anterior, el Ministerio Público y la SAT iniciaron un proceso judicial.
Debido a esto, el NIT de Corleto se encuentra inhabilitado desde el 18 de enero de 2017, según consta en el expediente 828-2016 del Juzgado de 1a. Instancia Civil y Económico Coactivo del departamento de Alta Verapaz.
El jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano, señala que "todos los procesos judiciales son tratados por igual" y agrega que "en temas tributarios no hay privilegios por las altas investiduras".
Omisos y morosos
En total, 31 diputados tienen al menos un omiso ante la SAT y 22 deben el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV) de años anteriores.
Los legisladores Luis Alonzo, Ronald Arango, Tomás Córdova, Víctor Cruz, Ferdy Elías, César Sandino Reyes y Aníbal Rojas tienen problemas en ambos rubros.
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Una de las diputadas que llama la atención por sus omisos es Flor de María de Chajón, quien recientemente asumió la representación titular del Congreso ante la Junta Monetaria, desde donde tiene la potestad de darle el visto bueno a las propuestas financieras del Congreso y el Organismo Ejecutivo.
Estos parlamentarios aún pueden resolver sus inconvenientes ante el ente recaudador previo a que se judicialice, incluso si no han sido notificados la SAT puede hacerles un descuento y firmar un convenio de pago.
La ley que los salvaría
La versión 2.0 de la iniciativa de privilegios fiscales para el sector agropecuario podría beneficiar a todos los diputados con problemas en la SAT, debido a que en uno de los artículos se incluye una amnistía fiscal.
En esta se establece que en el caso de que un contribuyente se haya equivocado en su declaración, o haya omitido entregarla, podrá hacerlo en los dos meses siguientes a la publicación del decreto.
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La SAT podrá suscribir convenios para que quienes hayan incumplido con sus obligaciones tributarias se pongan al día hasta en tres años. Este beneficio podría ser acogido incluso por quienes tienen un proceso abierto ante la superintendencia o un juzgado de lo contencioso administrativo.
Además, se le ordena al presidente Jimmy Morales que emita un acuerdo para exonerar multas, intereses y cargos, debido a que esto no es facultad del Organismo Legislativo.
