Cuando Carlitos, un niño guatemalteco de 2 años, pudo finalmente entrar en Estados Unidos desde Tijuana, fue en una ambulancia.
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La historia de Carlitos –secuestro, expulsión, falta de acceso a la atención médica, una enfermedad grave que podría matarlo rápidamente sin el tratamiento adecuado– es común entre los solicitantes de asilo varados al sur de la frontera por las políticas estadounidenses, según su abogada Hollie Webb.
Los abogados y los médicos presionaron a los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para que permitieran a Carlitos, y a su madre Ana, cruzar a San Diego con un permiso especial conocido como libertad condicional humanitaria para que el niño pudiera recibir un tratamiento contra el cáncer que le salvara la vida.
Después de no responder durante más de una semana, CBP concedió la petición tras una consulta del diario The San Diego Union-Tribune
El jueves por la noche, Carlitos y Ana cruzaron a Estados Unidos. Pasaron a una segunda ambulancia, que los llevó a un helicóptero que los trasladó a un hospital al norte de San Diego que estaba dispuesto a recibirlos.
Ambos habían quedado atrapados en Tijuana tras ser expulsados de Estados Unidos en virtud de una política fronteriza iniciada bajo el mandato del expresidente Donald Trump y continuada por el presidente Joe Biden, una política conocida como Título 42.
Ana pidió que los dos no fueran identificados completamente debido a las preocupaciones de seguridad en curso.
La mayoría de las solicitudes de libertad condicional, según Webb, que trabaja para Al Otro Lado, una organización de servicios legales sin fines de lucro que apoya a los migrantes en Tijuana, se dejan pendientes indefinidamente o se rechazan con poca explicación.
La libertad condicional es la única manera de que los solicitantes de asilo entren en Estados Unidos a través de los puertos de entrada, ya que la administración de Biden no ha reanudado el procesamiento de asilo en la frontera tras el cierre del sistema por parte de Trump.
Un reporte publicado el jueves por Human Rights First encuestó a cinco proveedores de servicios legales en la frontera y encontró que poco más del 15 por ciento de las solicitudes de libertad condicional se habían concedido desde agosto. En algunos de esos casos, CBP solo concedió la libertad condicional a la persona que corría más riesgo de sufrir daños, separándola de los miembros de su familia que se quedaron esperando en México.
“Se vuelve a esto una y otra vez. No hay razón para esto”, dijo Webb. “El nivel de crueldad, de apatía, de la administración, es realmente terrible”.
