Autoridades de Gobierno han promovido un diálogo entre líderes y autoridades de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, pero las esperanzas son mínimas.
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Durante más de 100 años los residentes de los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en Sololá, han vivido sumergidos en un conflicto que pareciera no tener fin.
El problema inició en 1565, cuando Nahualá decide independizarse de Santa Catarina Ixtahuacán. Luego de más de 300 años, entre 1884 a 1886, el expresidente Justo Rufino Barrios lo legalizó y declaró a Nahualá como municipio, pero nunca delimitó el territorio, dándole inicio al conflicto.
Los terrenos no se registraron de una manera adecuada, por lo que cada comunidad busca establecer quién es el dueño según le convenga y cuando choca con los intereses de otra persona, se reactiva el conflicto.
Manuel Coj, líder comunitario de Nahualá, explicó que si bien la disputa es histórica, han aprendido a vivir de una manera tranquila, hasta que pasa algo que provoca un nuevo altercado.
Y en efecto, la disputa actual se originó en 1998 luego del paso del huracán "Mitch", el cual dejó más de 100 personas fallecidas en Guatemala y destruyó poblados enteros, incluyendo Santa Catarina Ixtahuacán, la cual fue reubicada en una porción dentro del territorio de Nahualá.
Acuerdo roto
El conflicto ha sido histórico. En varias administraciones se han buscado soluciones, el último gran acuerdo se logró en 1999, durante el gobierno de Álvaro Arzú.
Con del paso del Huracán "Mitch", el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) determinó que la cabecera departamental de Santa Catarina Ixtahuacán presentaba fallas geológicas que ponían en riesgo a la población y fueron reubicados.
Bonifacio Suy, presidente del Comité Promantenimiento de Bienes Comunales y Título Territorial de Santa Catarina Ixtahuacán, explicó que el inconveniente surgió porque al hacer la delimitación del territorio no se tomó en cuenta a la población y cada uno pelea por lo que considera suyo.
Pero no es tan así. En el Acuerdo Marco de la Negociación entre ambas poblaciones se establece que Santa Catarina Ixtahuacán será reubicada en un área de cuatro punto cinco caballerías del lugar conocido como Chwipatán, decisión a la que accedió Nahualá.
Incluso, a cambio del terreno que Nahualá cedió a la Nueva Santa Catarina Ixtahuacán, se recibió una compensación económica de casi 6 millones de quetzales (Q5,868,600).
El dinero se dividió en 437 beneficiarios, cada uno recibió 2,500 quetzales por cuerda de terreno y una compensación en especie que consistió en 18,500 quintales de maíz de primera calidad, "equivalente a cuatro cosechas" del grano.
También se definió que ambas municipalidades acordaron "establecer los mecanismos necesarios para la convivencia pacífica de las dos poblaciones, respetando las posesiones de los pobladores de ambos municipios, tanto en las fincas en copropiedad, como en las inscritas en forma individual a favor de cada municipio".
Pero el conflicto sigue. De acuerdo con Coj, las delimitaciones de los territorios no están claros. "El mapa de los dos lugares parece una tabla de Ajedrez, las casillas blancas son de uno y las negras del otro, pero nadie sabe dónde empiezan, ni dónde terminan", ejemplificó el líder de Nuahualá.
Según el antropólogo Diego Vásquez, el conflicto "nunca se ha logrado definir, porque el terreno quebrado de la bocacosta impide establecer mojones definitivos y algunos de estos cruzan poblados de un lado para otro, complicando todo".
¿Qué reactivó el conflicto?
Desde que inició el gobierno de Alejandro Giammattei se creó una mesa de diálogo, pues Jimmy Morales heredó un conflicto que inició casi al finalizar su administración.
Las mesas estaban bajo el mando del vicepresidente Guillermo Castillo, pero la pugna que existe entre el binomio presidencial provocó que Giammattei delegara a una persona "de su confianza" para continuar con el proceso de diálogo y en agosto del 2020 nombró a Arnoldo Noriega como asesor presidencial, quien poco a poco desplazó la labor del vicemandatario.
La pugna entre los dos municipios nunca cesó, pero se mantuvo controlado, hasta que el 18 de diciembre del año recién pasado cuando 13 personas fueron asesinadas, entre ellas un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), tres niños y una adolescente.
Las imágenes eran como sacadas de una película de terror. El cuerpecito de los niños estaban tirados sobre la tierra junto a sus padres, quienes también yacían fallecidos. Todos heridos de bala con armas de grueso calibre.
Más tarde se conoció que se trataba de una familia que iría a tapiscar y habían pedido acompañamiento de la PNC, debido a que conflicto entre ambas comunidades seguía latente y tenían temor de ser atacados.
En primera instancia el Gobierno estableció un estado de sitio que fue prorrogado y que aún está vigente.
Luego, se inició una mesa de diálogo, dirigida por el presidente Giammattei, pero los líderes comunitarios tienen pocas expectativas de encontrar una solución.
Armas de grueso calibre
Pese al Estado de Sitio, el 7 de enero recién pasado se desató un nuevo estado casi de guerra en ambas poblaciones, luego que fiscales del Ministerio Público (MP), acompañados de la PNC realizaban pesquisas para establecer las muertes de las 13 personas ocurrido semanas antes.
Agentes de la PNC rescataron a varios Fiscales del MP. pic.twitter.com/yGRhVc6KW7
Los agentes de la PNC fueron atacados, aún estando el lugar en Estado de Sitio. Se habló de armas de grueso calibre y rápidamente las autoridades de gobierno hablaron de narcotráfico y crimen organizado.
Pero no era la primera vez que hablaban de algo similar. En marzo del año pasado, el vicepresidente aseguró estar preocupado "por el recrudecimiento de la delincuencia y hechos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán".
Esas aseveraciones tomaron más sentido en enero, luego del ataque orquestado hacia los agentes de la PNC.
Sin embargo, en una citación con diputados de oposición del 12 de enero, Adal Rodríguez, subdirector de Investigación Criminal de la PNC, indicó que la pugna en el área es limítrofe, pero "hay crimen organizado, tráfico de personas, contrabando y tráfico de armas".
Hecho que, en la misma citación, fue negado por el viceministro Antinarcótico, quien aseguró que "no hay indicios de actividades del narcotráfico en ambos municipios".
Incluso, el diputado Manuel Conde Orellana, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), se atrevió a decir que se trataba de grupos "guerrilleros".
Todos los extremos son negados por los líderes locales y municipales de ambas regiones. Incluso, Manuel Gurchaj, alcalde de Nahualá, pidió pruebas. "Si ellos aseguran que hay crimen organizado o guerrilla en el lugar, que presenten pruebas y la denuncia correspondiente", sentenció.
Mientras que Manuel Coj, líder de Nahualá, indicó que la población en el lugar es de escasos recursos. "No tienen dinero para comer, menos para comprar armas. Esto debe de investigarse y llegar a una conclusión real, no lo que uno u otro cree que está pasando. Tienen que haber segundas o terceras personas", dijo.
Al final, tanto los líderes de Nahualá señalan a Santa Catarina Ixtahuacán como los que tienen el armamento, como Ixtahuacán señala a Nahualá de iniciar los ataques, asegurando que ha habido más muertos en Ixtahuacán, pues el ataque siempre es contra ellos.
La historia sin fin
Al final el conflicto sigue vigente. Coj le ve pocas esperanzas a las mesas de diálogo establecidas por el presidente Giammattei, pues "la gente no tiene registrada su tierra, aquí no existen papeles, cada quien dice que es dueño, pero nadie tiene cómo demostrarlo y si las autoridades tratan de ver quién tiene la razón, el conflicto será más grande".
"La población no está interesada en hacer mediciones y se se hace una franja o una línea, esto generaría más problemas. Aquí la única solución es que cada quien respete lo suyo, sin importar cómo se llame el pueblo... Ya no es una cuestión territorial, es un problema que alguien invade la propiedad de otro y como no está inscrita en el registro, nadie la puede reclamar", señaló.
Mientras que el alcalde de Nahualá aseguró que en lo único que todos están de acuerdo es que quieren vivir en paz, el problema es que "se van al odio y al rencor... No es toda la gente, son muy pocas, pero siempre encuentran estrategias para desviar a la mesa técnica, si no es el agua, es el bosque, y por eso no llegamos a un acuerdo", lamentó.
En tanto, Manuel Pascual, líder de Santa Catarina Ixtahuacán, manifestó que ellos cuentan con su "título legítimo" de propiedad. "Lo que hay que buscar es que ya no haya conflictividad, que se ceda el terreno a Nahualá y que Ixtahuacán se quede tranquilo, el problema es que Nahualá siempre nos ha atacado", manifestó.
Proceso largo
En tanto, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) iniciará una serie de estudios registrales, catastrales, históricos y revisar los acuerdos de 1999, refrendados en el 2004, para establecer una resolución judicial.
Para ello, se hará un análisis catastral de ocho fincas que abarcan el territorio de ambas poblaciones, hecho que llevará tiempo, por lo que la resolución del conflicto no se prevé muy rápido.
Sin embargo, todo deberá ser refrendado por ambas partes, quienes deberán comprometerse a aceptar los acuerdos alcanzados, de los contrario, se corre el riesgo que el problema llegue a la vía jurisdiccional a través de un arbitraje o en las cortes, detalló Fredmann Armando Pacay, director de Conflictividad de Copadeh.
NOTA: Por un error involuntario se consignó el nombre de Alejandro Contreras, como subdirector de Copadeh, lo correcto es Fredmann Armando Pacay, director de Conflictividad de Copadeh. Esta nota fue modificada este lunes 31 de enero a las 10:51 horas.
