Desde el lunes 2 de octubre se vive una intensa jornada de bloqueos y manifestaciones en diferentes puntos del país.
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El Ministerio Público (MP) se pronunció sobre los bloqueos y las manifestaciones que se desarrollan desde el lunes 2 de octubre en el país. En un extenso comunicado difundido en las redes sociales, la entidad dio a conocer su opinión sobre estas acciones.
"Es evidente que la pretensión de estas medidas ilegales es la destrucción de la democracia y el Estado de derecho, ya que existen vías legalmente establecidas para manifestar cualquier inconformidad, sin transgredir los derechos de la población", se lee una parte del documento.
En los primeros párrafos, el MP hace referencia a que se ha impedido el paso a sus instalaciones, en la zona 1 capitalina, lo cual califica de atentado "contra los derechos humanos de los usuarios y del personal", así como de "las víctimas del delito que demandan acceso a la justicia".
De acuerdo con el ente investigador, tales acciones denotan una posible inducción a delinquir y enumera varios actos ilícitos:
- Obstaculización a la acción penal
- Sedición
- Limitación del acceso a la justicia
"Fundamentalmente, todas estas acciones legalidades repercuten en el pueblo de Guatemala que demanda justicia", dice el comunicado. Además, las autoridades insisten en que "a través de los bloqueos se está vedando este derecho fundamental del acceso a la justicia".
Denuncia hostigamiento
Por otra parte, según el MP, las protestas y los bloqueos que se desarrollan en distintos puntos del territorio tienen como fin evitar que se investigue.
En ninguna parte del pronunciamiento se hace referencia a las peticiones de los manifestantes, quienes solicitan la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.
Por el contrario, en el texto se denuncia una serie de hostigamiento informático y comunicados "que en desconocimiento de las investigaciones acosan la independencia fiscal".
"Este acoso informático también socava y debilita el Estado de derecho", dice el escrito, en el cual se citan varias leyes, que, de acuerdo con la entidad, le facultan a ejecutar las pesquisas que están en marcha, sin mencionar específicamente alguna.
Asimismo, rechaza que las indagaciones tengan como objetivo incidir en los resultados electorales. En ese marco, señala que las acusaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre ese tema "carecen de fundamento y resultan contradictorios", pues ya se entregaron las credenciales a las autoridades electas.
