La minería en Guatemala atraviesa una etapa de búsqueda de equilibrio entre desarrollo económico, certeza jurídica y derechos comunitarios en un ambiente polarizado.
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Durante años, la minería en Guatemala ha estado atrapada entre procesos judiciales, consultas comunitarias, conflictos sociales y debates sobre el aprovechamiento de los recursos naturales.
Sobre el tema de la minería en Guatemala giran aspectos relacionados a la certeza jurídica para las inversiones, la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la conflictividad social alrededor de algunos proyectos y la falta de una política minera que defina el papel que esta actividad tendrá en el futuro del país.
¿Existe una moratoria minera?
Algunos sectores sostienen que el país ha perdido oportunidades de inversión y desarrollo por la lentitud en la aprobación de proyectos en un ambiente polarizado, otros insisten en que cualquier avance debe garantizar el respeto a los derechos de las comunidades y el cumplimiento de las normas ambientales.
Sobre la situación minera del país, Víctor Hugo Ventura ministro de Energía y Minas (MEM) indicó que en Guatemala existen moratorias de facto, es decir, resoluciones judiciales y procesos de consulta ordenados por la Corte de Constitucionalidad (CC), que han provocado la paralización de algunos proyectos mineros que no necesariamente está relacionado con una prohibición.
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Según explicó, el caso más representativo es el proyecto Escobal, suspendido en 2017 mientras se desarrolla el proceso de consulta con el Pueblo Xinca.
Al respecto, comentó que durante los últimos dos años se retomó la comunicación entre las partes y se instalaron mesas de trabajo interinstitucionales para atender temas relacionados con salud, medio ambiente, patrimonio cultural y otros compromisos surgidos durante la consulta y estima que el proceso podría concluir en un plazo de entre seis y nueve meses.
Convenio 169
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es un instrumento internacional ratificado por el país en 1996 y que reconoce los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados cuando una medida administrativa, legal o un proyecto pueda afectar directamente sus territorios, recursos naturales o formas de vida.
El convenio establece que las consultas deben realizarse de manera previa, libre e informada, es decir, que las comunidades deben recibir información suficiente sobre los proyectos y tener la oportunidad de expresar sus preocupaciones antes de que se tomen decisiones definitivas.
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Ventura manifestó que sería positivo contar con principios generales que orienten estos procesos. Sin embargo, mencionó que algunas organizaciones indígenas han expresado reservas ante una reglamentación rígida, argumentando que cada consulta responde a circunstancias particulares.
Derecho de consulta y certeza jurídica
Roberto Morales, presidente de la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras de Guatemala (Grenat) considera que no puede hablarse de una moratoria formal sino a una ralentización en los procesos de otorgamiento de licencias.
Señaló que durante los últimos años el MEM ha continuado autorizando licencias de exploración, explotación minera y extracción de materiales para construcción, pero a un ritmo más lento de lo habitual.
Además, atribuyó parte de los retrasos a la implementación de los mecanismos de consulta previa establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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Según Morales, el caso Escobal se ha convertido en un referente internacional para la construcción de mecanismos relacionados con el Convenio 169, aunque el procedimiento ha tomado casi una década, considera que se ha desarrollado respetando los derechos de las comunidades involucradas.
Asimismo, considera que es necesario encontrar un equilibrio entre el derecho a la consulta y la certeza jurídica para las inversiones.
Agregó que el país no necesita una nueva Ley de Minería, pero sí ajustes que fortalezcan la certeza jurídica respecto a reglas más claras para las concesiones y los procesos de cierre de minas, además de diferenciar los requisitos aplicables a grandes proyectos mineros y a pequeñas explotaciones de materiales de construcción.
Según indicó, esto ayudaría a reducir la incertidumbre y facilitaría el desarrollo de nuevas inversiones en el sector.
Fuente de desarrollo
Carlos Enrique Sandoval, director ejecutivo de la Cámara de la Industria (CIG) señaló que la minería representa una importante fuente de empleo y desarrollo económico y considera que la paralización prolongada de algunos proyectos ha tenido efectos tanto para las empresas como para las comunidades donde estas operaciones se desarrollan.
Según Sandoval la actividad minera puede convertirse en un motor de desarrollo para las comunidades donde opera, al generar empleo directo e indirecto, así como dinamizar la economía local.
En ese sentido, consideró que el fortalecimiento del sector podría contribuir a crear oportunidades laborales fuera del área metropolitana y reducir la migración interna hacia la capital.
Pérdida de competitividad
Por otro lado, Sandoval expresó preocupación por la pérdida de competitividad que enfrenta el país en este tema.
Según indicó, la desaceleración y suspensión de proyectos durante los últimos años ha reducido el atractivo para nuevas inversiones y ha limitado el crecimiento de una actividad que considera importante para la generación de empleo.
También mencionó que la paralización de operaciones no solo afecta al sector privado sino también al Estado que ha dejado de percibir ingresos por regalías mineras debido a la falta de desarrollo de nuevos proyectos.
Asimismo, destacó que Guatemala cuenta con potencial para fortalecer su industria minera, especialmente por su producción de plata, pero considera que diversos obstáculos impiden que el país aproveche plenamente esa ventaja.
Futuro de la Minería en Guatemala
Morales considera que Guatemala tiene la oportunidad de aprovechar mejor sus recursos naturales en un contexto de creciente demanda mundial de minerales estratégicos.
Indicó que el país necesita abrir un diálogo nacional que involucre a comunidades, autoridades, sector privado y otros actores para definir cómo desarrollar la actividad minera y generar beneficios económicos sin dejar de atender las preocupaciones sociales y ambientales que rodean al sector.
Por otro lado, en el Congreso de la República se ha discutido sobre el potencial de Guatemala en minerales estratégicos o tierras raras, recursos cada vez más demandados por industrias vinculadas a la tecnología, la movilidad eléctrica y la transición energética.
Sobre este punto el ministro Ventura indicó que ya existen estudios preliminares que apuntan a la posible presencia de algunos minerales de interés, sin embargo, todavía falta investigación geológica para conocer con precisión el potencial del país.
Por su parte Morales considera que Guatemala atraviesa un momento clave para analizar cómo aprovechar esos recursos y mencionó que los precios internacionales de algunos minerales han alcanzado niveles históricamente altos e indicó que el país debería abrir una discusión nacional sobre el futuro de la actividad extractiva.
