Cumplir con la Ley de Competencia no solo permitirá evitar sanciones, sino también acceder a nuevos mercados y mejorar la competitividad para las Pymes en Guatemala.
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Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) enfrentan el reto de prepararse para la entrada en vigor plena de la Ley de Competencia y el inicio de las facultades sancionatorias de la Superintendencia de Competencia (Sicom).
Aunque muchas de estas organizaciones carecen de departamentos jurídicos especializados y de los recursos de las grandes corporaciones, técnicos consideran que aún tienen alternativas accesibles para adaptarse al nuevo marco normativo y reducir riesgos regulatorios.
Javier Núñez Melgoza, miembro del Instituto para la Competitividad Económica (ICE), economista y experto en competencia, afirmó que las Pymes son precisamente las que encuentran mayores dificultades para implementar esquemas de cumplimiento.
"Lo primero que debe reconocerse es que un programa de cumplimiento completo, con todos sus componentes, puede resultar costoso y en la práctica, suele estar al alcance principalmente de las organizaciones de mayor tamaño. Exigir a una empresa pequeña ese mismo nivel de estructura no sería razonable", señaló especialista.
Ante ese escenario, el profesional de las ciencias económicas indicó que la solución no pasa por replicar el modelo de las grandes empresas, sino por buscar mecanismos que permitan conocer la ley y disminuir la exposición al riesgo.
Entre las principales recomendaciones, destacó el papel que deben desempeñar las cámaras y asociaciones empresariales.
"La primera de esas vías son las cámaras y asociaciones. En mi opinión, estas instancias deberían asumir un papel activo en la difusión de las disposiciones de competencia entre sus agremiados, pues se encuentran en una posición inmejorable para hacerlo", afirmó el presentante de ICE.
Aseveró que las capacitaciones gremiales ofrecen una doble ventaja pues reducen significativamente los costos de formación al distribuirlos entre numerosos participantes y permiten abordar problemas específicos de cada industria o mercado.
El técnico recomendó aprovechar la oferta de capacitación que ya existe en el país y que las empresas pequeñas pueden designar a un colaborador para recibir formación especializada o que sea el propio propietario o director quien se capacite.
"En una organización pequeña, que la persona que toma las decisiones comprenda el tema tiene un valor enorme", expresó Núñez Melgoza.
También señaló que existe una creciente oferta de programas de formación con distintos costos y alcances, además de abundantes recursos gratuitos disponibles en internet, lo que facilita el acceso al conocimiento en esta materia.
Más allá de evitar multas, el experto sostuvo que el cumplimiento de la Ley de Competencia puede representar oportunidades concretas de negocio.
"Es un punto que suele pasar inadvertido, porque el cumplimiento tiende a percibirse únicamente como una manera de evitar sanciones. Sin embargo, contar con protocolos de cumplimiento en materia de competencia tiene un valor que va más allá de lo defensivo y que se traduce en oportunidades concretas de negocio", indicó el economista.
Entre los beneficios más relevantes mencionó el acceso a determinados mercados y relaciones comerciales.
El especialista explicó que cada vez más empresas de gran tamaño, especialmente las que operan a nivel internacional, exigen a sus socios comerciales contar con protocolos de cumplimiento en materia de competencia como condición para hacer negocios.
En consecuencia, la ausencia de estos mecanismos puede dejar a las empresas fuera de cadenas de proveeduría, alianzas estratégicas y oportunidades de expansión internacional.
Desde esa perspectiva, el cumplimiento deja de ser un costo regulatorio y se convierte en una herramienta que fortalece la competitividad empresarial.
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El técnico destacó que un entorno de mayor transparencia y libre competencia beneficia a las empresas que compiten con base en la calidad, la eficiencia y el precio, ya que reduce la posibilidad de que otros participantes obtengan ventajas mediante prácticas que distorsionen el mercado.
De cara a la entrada en vigor plena del régimen sancionatorio, el representante de ICE planteó tres recomendaciones prioritarias para el empresariado guatemalteco.
La primera es asumir un compromiso genuino con el cumplimiento de los principios de competencia económica desde la alta dirección de la empresa.
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La segunda consiste en realizar ejercicios de autoevaluación para identificar las conductas de mayor riesgo que podrían derivar en investigaciones por parte de la Superintendencia de Competencia.
La tercera es actuar con rapidez y aprovechar el periodo previo a la aplicación plena de la ley para corregir prácticas que puedan resultar incompatibles con el nuevo marco normativo.
"Es una ventana que no se repetirá: lo que se ponga en orden antes de diciembre quedará fuera del alcance sancionador, mientras que lo que persista después estará plenamente sujeto a la ley", advirtió Núñez Melgoza.
Finalmente, el experto subrayó que el cumplimiento de la Ley de Competencia no debe entenderse como un trámite temporal, sino como un cambio permanente en la forma de operar de las empresas.
A su juicio, aquellas organizaciones que incorporen una cultura de competencia y transparencia estarán mejor posicionadas para enfrentar los desafíos del mercado nacional e internacional y construir una base más sólida para su crecimiento futuro.
