Después de que autoridades de gobierno publicaron que las visas de 11 personas relacionadas con la CICIG están sin vigencia, el portavoz de esa instancia, Matías Ponce, teme por la seguridad de los investigadores.
"La medida busca afectar la independencia en el trabajo contra los CIACS (Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad), sea en las investigaciones o varios litigios en curso", manifestó a través de un comunicado.
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Además, aseguró que esta acción puede "constituirse en una oportunidad de eventual persecución penal contra los funcionarios" de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
De acuerdo con Ponce, "la información citada en el Diario Oficial no ha sido notificada a la CICIG mediante los canales diplomáticos correspondientes. Un aviso en una publicación del diario oficial no corresponde a las vías diplomáticas de comunicación previstas".
COMUNICADO DE PRENSA: Sobre información que circula respecto a la situación de 11 funcionarios internacionales. pic.twitter.com/Y4Nhx2KRHD
Según el documento, "las inmunidades a las que se refiere el acuerdo de la CICIG derivan del Convenio de creación de la Comisión no de la acreditación ni de las visas de cortesía. Según el acuerdo, es solamente el Comisionado quien puede retirar la inmunidad prevista para los funcionarios internacionales".
Ponce manifestó que la CICIG sigue trabajando y que debe de impulsarse un diálogo entre el gobierno de Guatemala y la Secretaría General de Naciones Unidas para solucionar cualquier diferendo.
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Cancillería responde
Marta Larra, de comunicación de Cancillería, aseguró que la publicación forma parte del proceso de cancelación de visas que se inició unas semanas atrás. Y que se trató de notificar a las autoridades de CICIG, pero se negaron a firmar el documento. "Hay constancia de que se dejó el documento", resaltó
De acuerdo con Larra, a partir de que se inició el diálogo con Naciones Unidas es válido el retiro de las visas, pues se continúa con el procedimiento y "el Estado de Guatemala es el que toma las decisiones, ya que ningún acuerdo está por arriba de la Constitución".
"Ahora cada uno de ellos se convierte en un extranjero más, lo que significa que deben acatar las leyes y normas del país", detalló.
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