El juez Freddy Orellana, séptimo de Primera Instancia Penal, resolvió ligar a proceso penal contra José Rubén Zamora por los delitos de tráfico de influencias, chantaje y lavado de dinero.
El juez Freddy Orellana resolvió durante la tarde de este martes 9 de agosto, ligar a proceso penal a José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, por tres delitos: lavado de dinero y otros activos, tráfico de influencias y chantaje. Además, ligó a proceso penal a Samari Gómez, auxiliar fiscal del MP, por el delito de revelación de información reservada.
El juez Freddy Orellana, titular del juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, justificó su decisión indicando que la tomó en base al análisis de los indicios presentados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), quienes a, su criterio, mostraron sospechas razonables que permita que las partes lleguen a juicio “donde sí se deberán presentar pruebas”.
Jornada de este martes
Tras una primera jornada de audiencias este lunes, en la cual se conoció la acusación de la Fiscalía del Ministerio Público, y las versiones de los dos denunciados, este martes 9 de agosto se continuó con la audiencia de primera declaración.
LEE AQUÍ EL RESUMEN DEL LUNES: Caso Zamora: concluye primer día de audiencia con versiones del MP y de acusados
Este martes, la fiscalía reafirmó su postura sobre la imputación que se realizó un día atrás.
Dudas sobre los audios
El juez Freddy Orellana sopesó los indicios presentados por la fiscalía, aduciendo que estos ofrecían sospechas razonables para ligar a proceso a Zamora y Gómez.
Entre las dudas que surgieron, están: la cadena de custodia del dinero en efectivo que se presentó como evidencia. Tanto la defensa de Zamora, como Raúl Falla, abogado de la Fundación contra el Terrorismo, que actúa como querellante adhesivo en el caso, señalaron sobre unos "cintillos" que se habrían observado en el video de la entrega de Q300 mil, enviados aparentemente por Zamora a García Navarijo a través de dos empleados. Sin embargo, el juez Orellana señaló que no observó anomalías en la cadena de custodia de este indicio.
La otra duda giró en torno a la legalidad de los audios presentados.
El juez fundamentó su decisión en las leyes de España, argumentando que la normativa guatemalteca se basan en ellas y leyó varias doctrinas establecidas en el ámbito europeo.
“No es permitido grabar conversaciones de otras personas, pero sí con otro… y con estos indicios no se puede argumentar que se vulneren hechos fundamentales”, justificó y luego enviará “los indicios en bruto” al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para que sea analizado.
La defensa de Zamora señaló sobre la ilegalidad de estos audios, ya que fueron grabados sin consentimiento de juez, y que habrían sido grabados por García Navarijo, quien sería el sujeto activo, y no como la víctima. Además, argumentó que ciertos audios fueron grabados cuando el MP ya tenía conocimiento de la denuncia, por lo que debía haberse solicitado autorización de juez.
Fiscal de la FECI, Cinthia Monterroso, justifica por qué presentaron grabaciones de conversaciones privadas como medios de prueba contra @ChepeZamora y Samari Gómez. pic.twitter.com/cwBALpKnle
Los audios (con mala calidad auditiva) fueron grabados y entregados al @MPguatemala por el exbanquero Ronald García Navarijo, implicado en cuatro casos de lavado de dinero que suman más de Q300 millones buque buscó, sin éxito, ser colaborador eficaz en varios casos pic.twitter.com/sHfT2P3mR3
Rechazan acusaciones
Durante más de una hora los abogados defensores de Zamora y de Gómez evidenciaron algunas irregularidades que, según ellos, se evidenció en el caso que presentó el MP y razón por la que solicitaron falta de mérito a favor de sus defendidos.
Para Armando Mendoza, abogado de Samari Gómez, el MP no imputó ningún delito, sino que se encargó de señalar a los acusados” y criticó que el caso se haya fundamentado en las declaraciones de “un delincuente” que tiene “cuatro procesos abiertos” por los que está siendo investigado.
“Estamos en una situación donde el Estado de Guatemala se vuelve encubridor de delincuentes, y se puede decir porque ya están sujetos a proceso, son delincuentes primarios, porque con cuatro procesos no pueden decir que se trata de una persona proba y no puede venir a apuñalar por la espalda porque él está siendo sometido a mejores tratos”, manifestó Mendoza.
Además, indicó que la colaboración eficaz funciona cuando “una persona quiere “dar todo de sí y contar todo lo que sabe, pero también devolver todo lo que sustrajo del Estado de Guatemala. Qué bonito es que la persona quiera ser colaborador eficaz, pero a la vez llevarse sus 33 millones de quetzales a su casa”, resaltó el abogado defensor de Samari.
También criticó la mala calidad de los audios, ya que eran inentendibles y, consideró que se grabaron de forma ilegal, porque no hubo una orden del juez, por lo que “me hubiera encantado que el señor Rafael Curruchiche estuviera a cargo de esta investigación para enfrentarlo cara a cara y decirle como se debe de operar el sistema de justicia y de investigación”.
"Me hubiera encantado que él señor (Rafael) Curruchiche llevara el caso para mostrarle como se lleva la investigación judicial", manifestó el defensor de Samari Gómez, Armando Mendoza. pic.twitter.com/JK5NNugFc8
“Esta persona está haciendo que se pierda la confianza del órgano constitucional, porque el que va a denunciar hechos delictivos es porque tiene la moralidad… que nunca ha sido objeto de un proceso penal… pero que tenga el deseo de lavar dinero, de quitarle al Estado de Guatemala lo suyo, eso a mi no me interesa”, sentenció Mendoza.
En tanto, el abogado defensor de Zamora, Cristian Ulate, lamentó que el MP “haya dejado la investigación en manos del denunciante García Navarijo” y exigió pruebas a la fiscalía, pues considera que todo el caso se basó en lo que buscó y presentó el exbanquero.
Abogado de @ChepeZamora, presidente de @el_Periodico, Cristian Ulate, cuestiona la utilización de los audios que considera "fueron grabados ilegalmente" pic.twitter.com/zQtwPH09qD
“Es como que una persona presente una denuncia y el MP le diga que vaya a investigar por él y que grabe todo para que ellos puedan presentar un caso”, manifestó Ulate.
El abogado también consideró la ilegalidad de las grabaciones y consideró que no pueden usarse como medios de prueba, porque fueron grabado en reuniones privadas sin autorización de un juez y consideró que después de la denuncia de García Navarijo, el MP debió haber iniciado su propia investigación.
Según Ulate, la Ley obligaba al @MPguatemala a iniciar sus propias investigaciones y pedir autorización de juez para realizar escuchas pic.twitter.com/lVzkYpJ1QB
A prisión preventiva
El juez Freddy Orellana decidió que tanto José Rubén Zamora como Samari Gómez, sean enviados a prisión preventiva.
El juez otorgó a la fiscalía tres meses para la investigación y dio fecha para el 9 de noviembre de 2022 para el acto conclusivo. Y agendó para el 8 de diciembre de este año la audiencia intermedia a las 8:30 am. Sin embargo, debido a una recusación iniciada por la defensa de Samari Gómez, el proceso se elevará a la sala tercera de la Corte de Apelaciones para resolver esa solicitud, por lo que el proceso podría retrasarse.
* Esta noticia se editó a las 18:44 horas del martes 9 de agosto de 2022 para agregar detalles sobre las medidas preventivas en contra de los acusados.
