La Organización de Naciones Unidas, ONU, le acaba de renovar el contrato al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el colombiano Iván Velásquez, por dos años más.
Así lo han decidido en Nueva York, pese a los denodados esfuerzos que han librado algunos sectores locales, durante meses, para sacar a Velásquez del país.
Después de un momento de gran popularidad, cuando era aclamado como santo, prócer y estrella de rock, luego de la caída del gobierno del Partido Patriota, en 2015, el Comisionado ha sufrido un marcado desgaste político.
Velásquez ha sido criticado durante los últimos meses porque decidió gastar su capital político al opinar sobre dos temas cruciales, que han provocado rompimientos históricos en Guatemala: los impuestos que pagamos y la forma en que la Constitución plasma las relaciones interétnicas.
Como cualquier mortal, el Comisionado no es perfecto y el equipo bajo su mando tampoco. Todos sabemos además que aún falta mucho para atacar a todas las mafias que operan en el país: sería imposible que en cuestión de meses se revirtiera un problema que fue ignorado durante décadas.
Pero también es innegable que antes de la llegada de Velásquez a la CICIG, nadie había destapado las gusaneras de corrupción que han salido a luz y cuyas cabecillas hoy enfrentan procesos penales. Bajo el liderazgo de Velásquez, el combate contra la corrupción ha tenido avances nunca antes vistos en Guatemala.
Sin embargo, para continuar la tarea iniciada, no basta con la simple renovación del contrato de Velásquez.
Ahora que la entidad se encuentra bajo mayor escrutinio, no estaría de más que la CICIG hiciera un examen autocrítico para corregir los errores que hayan podido cometer.
Pero más importante aún que cualquier cosa que la CICIG pueda hacer, es que los guatemaltecos nos empoderemos de las tareas pendientes, que empiezan por la elección de un sucesor (o sucesora) ad hoc para Thelma Aldana en el Ministerio Público, MP: una persona honesta, ajena a las mafias, con las capacidades profesionales requeridas y decidida a luchar contra la impunidad.
Renovar el liderazgo del MP es clave, pero tampoco será suficiente. No podemos ignorar que la justicia en Guatemala requiere de reformas profundas que pasan por fortalecer la carrera judicial y cambiar la forma en que se integran las Salas de Apelaciones y las más altas cortes.
Tampoco podemos seguir ignorando que debe mejorarse la cobertura de la administración de justicia, pues la mayoría de municipios carece de jueces y fiscales. De ahí que haya vastos territorios gobernados, de facto, por el crimen organizado.
Para erradicar la corrupción que deja a millones de niños sin escuelas y sin servicios básicos, comenzando por la salud, y que le resta oportunidades a todos, incluso al sector productivo, precisamos cambios legales, institucionales y administrativos, pero sobre todo, culturales.
Por demasiado tiempo en Guatemala ha reinado la impunidad y demasiada gente se ha acostumbrado a vivir fuera de la ley, con la excusa de que “todos lo hacen”, que “así funcionan las cosas” o que “nunca va a cambiar el sistema”.
Vivir ahogados en la corrupción es insostenible. Iván Velásquez se quedará por lo menos dos años más, empujando los procesos abiertos e iniciando algunos más.
Pero para reformar este país donde unos se arrogan patente de corso y otros licencia para matar, los guatemaltecos debemos cambiar la forma en que entendemos y vivimos el estado de derecho y la aplicación de la ley.
Ese es el verdadero desafío.
Mientras nosotros no tomemos esa tarea en serio, mientras haya gente decidida a hacer fortuna al margen de la ley o que solapadamente busque revertir los avances para beneficiarse de la impunidad, seguiremos siendo una sociedad fracasada, con elites amuralladas y muchedumbres paupérrimas y excluidas: el caldo perfecto para una insurrección de insospechadas consecuencias.
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