Tras una pesada reja de metal, un grupo de presos espera que las visitas desciendan hacia las galeras donde pueden convivir, una vez a la semana, con su familia.
Rubén Estuardo Tobar Ramírez, de lentes y barba poblada, con las canas que acreditan sus 49 años, se distingue del resto de hombres más jóvenes, apiñados en ese umbral que los separa del mundo exterior y de los módulos donde los guardias penitenciarios registran a las visitas del Centro de Detención Preventiva para Varones de la Zona 18.
“Permiso, dejen pasar a la visita”, ordena Tobar. Los muchachos, varios de ellos tatuados y con gruesas cadenas de oro, se apartan para que entren las mujeres que vienen a ver a Tobar: su ex esposa que a pesar de todo sigue pendiente de él y su nana, una anciana que le trae comida y ropa limpia todos los sábados desde que cayó preso.
De eso hará pronto cinco años y no hay día en que Tobar deje de lamentar la decisión que le arruinó la vida.
“Llevaba tres años sin trabajo formal, me acababa de separar y me sentía desesperado”, recuerda. “Un amigo de infancia me propuso llevar dólares en efectivo a Panamá y acepté”.
El día que iba a hacer su primer viaje, el 6 de junio de 2013, la Policía detuvo a Tobar en el aeropuerto La Aurora con una maleta cargada con medio millón de dólares. Así ingresó este antiguo visitador médico al infierno del Sistema Penitenciario de Guatemala, el lugar donde por ahora, está condenado a pasar el resto de su vida.
Cadena perpetua
Luego de que su abogada defensora abandonara el proceso y huyera con los 15 mil quetzales que logró reunir en una colecta de amigos, Tobar se declaró culpable y fue condenado por lavado de dinero a seis años de cárcel. Además, le impusieron la multa que manda la ley, es decir, pagar al Estado una suma igual al monto total del crimen, en este caso, 500 mil dólares.
“Yo no tengo ese dinero”, asegura Tobar. De hecho, los primeros ocho meses que estuvo preso, durmió en el suelo porque no tenía cómo “arreglarse” para acceder a mejores condiciones.
Con el tiempo, Tobar logró ganarse el respeto de los demás reclusos. A muchos de ellos, que cuentan con escolaridad limitada, les ayuda a entender sus expedientes y los memoriales o citaciones que les llegan de Tribunales.
Hoy Tobar es el secretario del sector 2 del Preventivo para Varones de la zona 18, donde goza de ciertas prerrogativas, como dormir en plancha de concreto. Su sector, construido originalmente para 250 personas, alberga hoy a casi 500, más del doble, por lo que decenas de reos duermen amontonados en el suelo, donde les pasan encima las cucarachas.
Tobar ya cumplió lo que los abogados llaman “la condena física”. Podría haber salido hace dos años por buena conducta, pero la multa lo mantiene en prisión. Como no puede pagarla, la podría conmutar por días de cárcel, pero a razón de 100 quetzales diarios, tendría que pasar más de un siglo preso para cancelarla.
El código penal guatemalteco no contempla la cadena perpetua, pero por la multa, esa es la sentencia de Tobar. “Yo no creo que sea justo”, dice el reo, “y por eso lo voy a pelear”.
La huelga de hambre
Hace un año, gracias a una enfermera que visitaba a un preso, Tobar consiguió hilo quirúrgico y anestesia y se cosió la boca. Pasó 27 días en huelga de hambre y solo depuso la protesta cuando la Procuraduría de los Derechos Humanos le prometió que llevaría su caso ante la Corte de Constitucionalidad, ya que la Carta Magna establece que no puede haber prisión por deuda.
Más de un año ha pasado ya sin cambios y por eso Tobar ha anunciado que retomará la huelga de hambre este 6 de junio, cuando cumpla cinco años de estar preso. “Estoy dispuesto a llegar al final porque multas como la mía solo castigan a los que no tenemos dinero”, afirma.
En otros países, el delito que cometió Tobar, el trasiego de dinero se diferencia del lavado de activos, que implica el uso del sistema financiero. Las penas asignadas a quienes ejercen el trabajo de “mulas” son menores a las impuestas por lavado. Además, por lo general, el delito de trasiego se sanciona con una pena de prisión y la extinción del dinero confiscado, no con multas adicionales a ello.
“Aquí yo he visto entrar y salir gente por delitos más graves que el mío”, señala Tobar. “He visto a narcotraficantes que tienen todo el dinero del mundo y les ponen multas de 50, 100 mil quetzales. Hay pandilleros que salen con libertad condicional y al rato regresan por otro crimen, mientras yo ya cumplí mi condena pero no puedo salir porque no tengo ni donde caer muerto, mucho menos medio millón de dólares para pagar la multa”, argumenta.
Un problema que agrava la sobrepoblación carcelaria
Tobar indica que en el Preventivo de la zona 18 hay alrededor de 70 presos en las mismas condiciones que él y en todo el sistema penitenciario, unos 600, que ya cumplieron su condena de prisión, pero permanecen ahí, por la imposibilidad de cancelar las multas impuestas por los tribunales.
Según el CIEN, el Sistema Penitenciario cuenta con espacio para 6,500 presos pero la población efectiva de privados de libertad supera los 22 mil: la sobre población es más del 300%. Esto hace que las condiciones de los privados de libertad –desde el hacinamiento en las bartolinas, el acceso a baños, comida y hospital-- sean muy difíciles.
Ante el severo problema que implica la sobre población carcelaria, la situación de estos presos clama por una solución: que el Congreso reforme la ley de lavado de dinero para contemplar el caso de trasiego o que se busque declarar inconstitucionales los casos similares a los de Tobar, de reos que ya cumplieron condena y no pueden salir de prisión porque no tienen cómo pagar multas.
El abogado constitucionalista Alejandro Balsells opina que este caso podría servir de precedente. "Hay multas que están agravando el problema de hacinamiento en las cárceles y solo criminalizan la pobreza", subrayó.
Una solución integral
El economista Hugo Maúl es parte de un patronato que se ha propuesto analizar y proponer soluciones para el Sistema Penitenciario. Según Maúl, se requiere un enfoque integral, que empiece por cambiar "la mentalidad carcelaria" de los jueces de Guatemala que desde 2008 han incrementado sustancialmente las penas de prisión en sus sentencias. En segundo lugar, Maúl propone que el sistema perfile a los reos por grado de peligrosidad y tipos de delito, para separarlos según este criterio.
Como tercer punto, el analista es tajante: "en la cárcel no puede haber tiempo libre", sentencia. El sistema debe ofrecer a los presos formas de trabajar, estudiar u ocuparse de alguna forma que sea productiva para la sociedad y para ellos mismos, y que facilite también mantener orden en las cárceles. Por último, el sistema debe ofrecer opciones de redención de penas a los reos que puedan reincorporarse a la sociedad. "De nada sirve reformar el sistema de justicia si el último eslabón está mal, porque entonces todos el resto de esfuerzos se cae", concluye.
Resolver esta situación podría aliviar la crisis del sistema penitenciario, que mantiene a la justicia al borde del caos por las condiciones deplorables de las cárceles y a Rubén Tobar, al borde de la desesperación.
“Yo cometí un error y ya pagué mi deuda con la sociedad, es justo que recupere mi libertad”, asegura.
Mas de Dina Fernández:
