Otro expresidente y varios exministros fueron capturados y llevados a Tribunales, todos investigados por la firma de un Acuerdo que permitió efectuar el negocio millonario del Transurbano, el cual ha sido fuertemente cuestionado desde que se impulsó y que, según el MP y la CICIG costó al erario nacional 35 millones de dólares.
El proyecto de mejorar el transporte en la capital fue una apuesta de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) con el fin de tener el apoyo de los capitalinos y de esta forma lograr votos en las siguientes elecciones, detallaron fuentes de esa agrupación.
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Al principio no estaba en los planes, pero supuestamente el empresario del transporte Luis Gómez presentó el proyecto al exministro de Comunicaciones, Luis Alejos -ahora prófugo de la justicia- a quien convenció de las ventajas del mismo, y fue éste quien lo introdujo en la discusión de las autoridades de Gobierno.
Sin precisar fecha, un partidario de la UNE indicó que la presentación al Gabinete se hizo por primera vez unos meses antes "del revuelo por el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg", quien acusó de su muerte en un video póstumo a varios integrantes del Gobierno, incluido el mandatario Álvaro Colom y a la primera Dama, Sandra Torres.
El proyecto se presentó de una manera muy ambiciosa. Se ofreció como un cambio total del sistema de transporte en la capital, incluso ayudaría a reducir las extorsiones y la muerte de pilotos, debido a que ya no se manejaría dinero. Y, además, ayudaría a la UNE a ganar simpatía en su peor público.
Se pretendía comprar 3 mil 150 buses nuevos para reformar la flotilla del servicio público. Este contaría con paradas seguras y un innovador sistema de cobro, a través de tarjetas prepago. Además, el Gobierno no se endeudaría, pues el crédito lo adquiriría de manera directa la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), aunque sí se requeriría de que éste fuera garante del préstamo.
También tendría que otorgar un subsidio para la colocación de molinetes, compra e instalación de los software para el cobro, la seguridad y el sistema de tarjetas de prepago. Y la Asociación de Transportistas adquiriría un crédito por 270 millones de quetzales para la supuesta adquisición de los buses, en el cual, estaba como garante el Gobierno de Guatemala.
Avalan proyecto
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), los empresarios de la AEAU crearon en marzo de 2009 cuatro sociedades anónimas con el fin de captar los recursos del sistema prepago, como si ya estuvieran seguros de que el proyecto se iba avalar.
Se conformó el Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses (SIGA) un consorcio que agrupa a 16 empresas de las cuales, ocho se encargan de la estructura básica de Transurbano: Tendencias Modernas Latinoamericanas, Expansión Corporativa, Rutas Metropolitanas del Norte, y Concesionarios de Transporte; estas poseen las licencias de operación del servicio de transporte público en la ciudad.
Y es la empresa Sistema Integrado de Cobros Electrónicos, S.A. (SICE), que posee cuatro sucursales (Balotaje Electrónico, SICE Petapa, SICE Plaza Médica del Norte, y SICE zona 10), que se encarga de realizar los cobros en cada unidad de transporte de forma remota.
Los investigadores identificaron que la AEAU colaboró con dinero y transporte a los partidos con más posibilidades de ganar, en especial a favor de la UNE, quienes luego de obtener la presidencia suscribieron un acuerdo en donde los empresarios se comprometían a continuar con el proceso de negociación de compra de buses para la renovación de la flota y la implementación del sistema prepago.
En tanto, el exministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knigth, corría para obtener un dictamen que permitiera otorgar sin ningún problema un aporte económico de 35 millones de dólares -unos 266 millones de quetzales- a la AEAU, que serviría para financiar el proceso de implementación del sistema prepago en las unidades del trasporte.
El dictamen no fue remitido a la Secretaría General de Planificación ni a la Procuraduría General de la Nación, para que dieran su visto bueno. Tampoco se consultó a la Municipalidad sobre la conveniencia de impulsarlo.
Pese a ello, se dictaminó la pertinencia y el 8 de abril se aprobó el Acuerdo 103-2009 en el que se facultó al Ministerio de Finanzas Públicas, dirigido por Fuentes Knight, para que otorgara el aporte económico de 35 millones de dólares. Las firmas no se obtuvieron en reunión, según la fiscal General, Thelma Aldana, se buscó a uno por uno de los firmante para que suscribieran el documento legal.
Ya con el aval del Gobierno, en 2009, Fuentes Knight elaboró una serie de transferencias internas en el presupuesto para otorgar 80 millones de quetzales ese mismo año a la empresa transportista.
Luego, a través de los Acuerdos Gubernativos 281-2009 y 176-2011 se otorgaron otros aportes temporales por 79.8 millones quetzales y 43 millones de quetzales, respectivamente, a los empresarios.
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Al final, la empresa privada de transporte se endeudó y recibió fondos públicos, pero incumplió con muchas de las ofertas. Por ejemplo, en lugar de 3 mil 150 buses, se adquirieron sólo 300 unidades, las cuales no eran nuevas y ya contaban con el sistema de molintes y de prepago.
Otros beneficios
Además del dinero, los transportistas también fueron beneficiados con una exoneración temporal de impuestos arancelarios del Valor Agregado sobre importaciones, con el fin de que pudieran comprar los buses.
Roberto Alejos, expresidente del Congreso, recordó que al principio el Gobierno había pedido el apoyo sólo para la AEAU, pero luego Gamaliel Chin, representante de la Gremial de Transportistas de Rutas Cortas Extraurbanas, se quejó y aseguró que ellos también querían hacer una compra de buses para mejorar el servicio, por lo que la exoneración se hizo extensiva.
La exoneración de los impuestos fue dictaminada en primer término por la Comisión de Finanzas del Congreso, la cual estaba presidida por el diputado Mario Taracena, con quien Soy502 trató de comunicarse desde las primeras horas de la mañana, pero el celular estaba apagado.
Guerra de acciones
Pero no fue lo único, la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Ministerio Público recibieron una gran cantidad de denuncias en contra del proyecto, en donde no sólo se señalaba de anomalías, sino que también del mal uso de los recursos, incluso se habló de que los mismos habrían sido desviados para campañas políticas.
En su informe sobre financiamiento electoral ilícito, la CICIG aseguró que Luis Gómez, presidente de la AEAU, habría dotado de recursos a Manuel Baldizón, candidato del extinto Libertad Democrática Renovada (Líder), a través de los fondos que recibía del subsidio al transporte.
Mientras que la CGC tiene dos auditorías concurrentes, no sólo del negocio del Transurbano sino que también del subsidio que recibían cada año, en las que señalaron una serie de hallazgos sobre malos manejos de los recursos recibidos.
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