El diputado y secretario general del partido oficial FCN-Nación, Édgar Ovalle, ha “batallado” legalmente durante un año para mantener su inmunidad.
El Ministerio Público pretende llevar al coronel retirado al banquillo de los acusados por cinco desapariciones forzadas, cometidas supuestamente en 1983 cuando fungió como encargado de inteligencia de la zona militar 21 en Cobán, Alta Verapaz.
- DETALLES:
Hace un año, el 6 de enero de 2016, la Fiscalía de Delitos contra los Derechos Humanos presentó el antejuicio; 16 días después los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvieron rechazar in límine la solicitud con el argumento de “indicios insuficientes para sustentar que pudo incurrir en actos delictivos”.
El MP apeló y obtuvo en agosto una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que enmendó la plana a la CSJ, ordenándoles un nuevo fallo.
Fue así como la Corte Suprema aceptó darle trámite y nombró como jueza pesquisidora a la magistrada Benicia Contreras Calderón. Paralelamente, el equipo legal de Ovalle presentaba otros recursos que fueron rechazados.
- DIPUTADO DE CONFIANZA:
El expediente llegó al despacho de la magistrada Benicia Contreras, pero ella presentó una excusa argumentando “enemistad grave” con el abogado defensor Raúl Falla. El caso regresó otra vez a la CSJ, pero se denegó la excusa y se le confirmó como pesquisidora.
La única acción que realizó Contreras fue citar a la fiscal del caso para ratificar la denuncia, pero no al diputado para que presentara pruebas de descargo.
Actualmente, el expediente está en la CSJ porque la magistrada Benicia Contreras goza de su periodo de vacaciones.
La presidenta de la CSJ, Silvia Valdés, declaró que el 10 de enero será devuelto el expediente a Contreras para que continúe con las diligencia de antejuicio, que según la ley deberían durar 60 días.
