El Ministro de Energía y Minas, Alfonso Chang, aseguró que el país está perdiendo 25 millones de quetzales mensuales en regalías desde que se suspendieron las operaciones de la Mina San Rafael, debido a una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Según el ministro, en este momento se tiene suspendidos los proyectos de las minas San Rafael y La Puya, las cuales producen regalías. El primero no ha podido efectuar sus labores desde julio del año pasado, por lo que podría haberse dejado de percibir unos 150 millones de quetzales.
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"Es importante hacer referencia que Guatemala está para el aprovechamiento de los recursos renovables y no renovables, eso está establecido en la Constitución y en las leyes vigentes", aseguró.
Rafael Maldonado, abogado del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (Calas) entidad que interpuso el amparo que fue dado con lugar por la CSJ, aseguró: "El ministro debe de recordar que esa pérdida que él ve, es su responsabilidad porque el Ministerio de Energía y Minas otorgó la licencia, sin haber cumplido con la Ley".
"Se violaron los derechos humanos y se discriminó al pueblo Xinca cuando no los consultaron, pese a que así lo establece la ley. Además, lo que el ministro ve como pérdida, los comunitarios de los alrededores de la mina, lo ven como una tranquilidad y paz, pues en los último 7 meses que lleva suspendida, se acabó la contaminación del agua y aire, y ya no hay más retumbos", manifestó el jurista.
Hay cuatro consultas pendientes
De acuerdo con el ministro, hay cuatro consultas populares pendientes, las cuales darían paso a nuevos proyectos mineros, y las mismas fueron ordenadas con resolución de juez.
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Dos de las resoluciones son para la colocación de líneas de transmisión en Quiché, y dos proyectos hidroeléctricos en Las Lisas y Las Vegas, sin embargo, las primeras dos consultas están impugnadas por parte del Ministerio de Energía y Minas.
Chang recordó que el 26 de mayo el Congreso cumple un año de haber sido conminado a emitir una normativa que establezca un mecanismo para efectuar las consultas populares, pero hasta el momento no se ha hecho.
El funcionario explicó que en este momento el MEM tiene más de 250 solicitudes de explotación de los recursos naturales renovables y no renovables, y muchas de estas requieren de efectuar una consulta popular.
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