Luis Miguel Martínez, director de la comisión presidencial Centro de Gobierno, publicó un comunicado para indicar que su familia presentó una denuncia penal en contra del medio de comunicación Plaza Pública.
Martínez denuncia en el comunicado que "desde hace algunos meses, mi familia ha sufrido una serie de extorsiones y amenazas, incluso en contra de su propia vida, circunstancias que fueron oportunamente denunciadas ante las autoridades ministeriales competentes, quienes se encuentran a cargo de las investigaciones correspondientes".
Específicamente, señala que su familia se vio en la necesidad de presentar una denuncia penal por acoso, amenaza y extorsión en contra del medio de comunicación Plaza Pública y contra algunas personas que se identificaron como periodistas de ese medio.
De las personas que denuncia, señala que "sin ética ni profesionalismo alguno se han dado a la tarea de ir a la residencia de mis familiares, incluyendo mis padres, y tomar fotografías y videos, tanto de la casa de habitación como de las áreas circundantes sin tener permiso alguno, indagando de forma abusiva, desproporcionada e intimidatoria sobre cada movimiento que dan", además de preguntar en ventas cercanas a la residencia por la vida personal de sus padres.
Por la vía telefónica, Martínez aseguró a Soy502 que tienen pruebas de estas visitas a la casa de sus padres, las cuales ya están en poder del Ministerio Público junto con la denuncia que hizo su familia.
- Este es el comunicado de la denuncia:
Al ser consultado Enrique Naveda, coordinador general de Plaza Pública, explica que estaban realizando un perfil periodístico de Martínez.
"No tengo mayor información, solo he leído el comunicado. Ahora mismo no tengo nada que decir. Lo único que sé es que nosotros estábamos haciendo un perfil sobre él, por lo tanto, investigándolo. Preparábamos el perfil, junto a una nota de una empresa en la que él participa", afirmó Naveda.
El coordinador del medio de comunicación indica que estaban pidiendo la postura de Martínez para incluirla en la investigación. El funcionario les había prometido dar una respuesta por escrito este miércoles. Sin embargo, "esta mañana me dijeron que no nos iba a dar la respuesta, que estaba muy molesto", dijo Naveda.
Martínez explicó a Soy502 que estaban preparando las respuestas a las preguntas que le habían realizado y que preveían cumplir con el plazo. Sin embargo, dadas las circunstancias y la denuncia penal que hizo su familia, sus abogados recomendaron no tener comunicación con Plaza Pública, por lo que dieron el aviso de que no enviarían las respuestas.
Las preguntas giraban en torno a una sociedad Soluciones Integrales Profesionales y su relación con funcionarios de Gobierno y diputados.
Martínez denuncia que si la investigación giraba en torno a su labor pública, no había necesidad de indagar con su entorno familiar.
"Considero una falta de respeto y agresión psicológica hacia mi derecho a la intimidad, así como a los derechos de mi familia", expresa Martínez en el comunicado.
"Deseo aclarar que mi señora madre trabaja desde hace 30 años en la misma escuela pública en donde lo ha hecho, que mi padre goza de su retiro por vejez y que ninguno de mis familiares consanguíneos de conformidad con la ley trabaja en ninguna institución gubernamental de forma reciente; asimismo, que ningún miembro de mi familia consanguínea cuenta con empresas o entidades mercantiles que sean contratistas o proveedores del Estado, por lo que considero una absoluta falta de respeto y agresión psicológica por parte de los reporteros y representantes de Plaza Pública, tanto hacia mi derecho a la intimidad, así como a los derechos de mi familia, quienes, en su calidad de ciudadanos guatemaltecos honestos y honrados, tienen todo el derecho de vivir en paz y sin ningún tipo de intimidaciones, amenazas y agresiones", explica en el comunicado.
Luis Miguel Martínez es el director del Centro de Gobierno, instancia temporal creada por la administración del presidente Alejandro Giammattei con el Acuerdo Gubernativo 31-2020. En su mandato, está el de realizar "acciones de apoyo, coordinación y seguimiento de los resultados de las prioridades presidenciales", así como "apoyar en la construcción, fomento y fortalecimiento de una cultura de ejecución, transparencia, calidad del gasto y rendición de cuentas del Organismo Ejecutivo.
Además, deberá "proponer la implementación de sistemas de gestión que faciliten la toma de decisiones presidenciales en tiempo real", y asesorar al Presidente en el cumplimiento de sus prioridades. Tiene vigencia hasta el 31 de enero de 2024.
* Esta noticia fue editada el 9 de septiembre de 2020 a las 17:00 horas, para incluir la versión directa de Luis Miguel Martínez.