La jefa de la cartera de Cultura deberá comparecer, por obligación, ante el pleno de diputados.
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Tal como se preveía, un nuevo miembro del Gabinete de Gobierno de Bernardo Arévalo deberá comparecer ante el pleno de diputados para responder a diversas preguntas sobre su desempeño, durante una interpelación.
En su tercera sesión extraordinaria, el Congreso fijó la fecha en que la ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso, tendrá que someterse al juicio político.
La petición fue hecha por integrantes de la Comisión de Cultura de ese organismo, después de que la funcionaria se excusara en múltiples ocasiones y no acudiera a reuniones convocadas.
El interrogatorio se efectuará el próximo 8 de agosto, a partir de las 10:00 horas, y esta vez la ministra está obligada a acudir.
Los primeros
Antes de Grazioso, el próximo 25 de julio, serán interpelados los ministros de Gobernación y Relaciones Exteriores, Francisco Jiménez y Carlos Ramiro Morales, respectivamente.
El juicio político del primero será a las 10:00, mientras que el canciller tiene programados tres interrogatorios, entre las 12:00 y 16:00 horas.
Para ese día también estaba prevista la interpelación de Oscar Cordón, pero el proceso quedó sin efecto después de que renunció a su cargo como jefe de la cartera de Salud.
Quien también se salvó fue el titular del Ministerio de Comunicaciones, Félix Alvarado, contra quien se había solicitado un procedimiento de este tipo el pasado 11 de junio; sin embargo, Vivian Preciado, quien lo había requerido, dio marcha atrás.
¿Qué es una interpelación?
Una interpelación constituye un tipo de juicio político al cual los ministros de Estado están obligados a acudir, una vez uno o varios diputados lo soliciten.
En el proceso, se les plantean diversas interrogantes sobre temas puntuales, en los cuales los legisladores consideren que hay faltas o irregularidades. Las preguntas básicas son las iniciales y estas se hacen llegar con antelación al funcionario. No obstante, después de ellas puede haber otras cuestiones.
Terminada esa etapa, si los interpelantes consideran que las respuestas no son satisfactorias, pueden pedir el voto de falta de confianza. Si este se concede, el ministro debe presentar la renuncia a su cargo.
