Estados Unidos amplió las sanciones a actores que considera corruptos.
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El Departamento de Estado de Estados Unidos designó a nuevos guatemaltecos en la Lista Engel y los sancionó por considerarlos como actores corruptos y que socavan la democracia.
En la nueva actualización, la sanción alcanzó a la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés, así como a tres fiscales del Ministerio Público, uno de ellas, Leonor Morales, que presentó recientemente el caso en contra de Semilla.
"Este informe incluye personas que el Secretario ha determinado que han participado en la actividad relevante basándose en información creíble", se lee en el comunicado.
Los sancionados:
Silvia Patricia Valdés Quezada , ex magistrada de la Corte Suprema: "socavó procesos o instituciones democráticas al participar en un plan para llenar la Corte Suprema y los tribunales de apelaciones con jueces corruptos".
Leonor Eugenia Morales Lazo , actual fiscal: "socavó procesos o instituciones democráticas al liderar una investigación por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados y perturbar la transición presidencial".
Noe Nehemías Rivera Vasquez , actual fiscal: "socavó procesos o instituciones democráticas al presentar cargos por motivos políticos contra actores de la justicia que luchan contra la corrupción y la impunidad".
Pedro Otto Hernández González, actual fiscal: "socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una investigación por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados y perturbar la transición presidencial".
La sanción
La sanción implica que los designados no podrán ingresar al territorio de los Estados Unidos, ya que sus visas fueron revocadas.
"El Presidente ha determinado que ha participado conscientemente en (1) acciones que socavan los procesos o las instituciones democráticas; (2) en corrupción significativa; y (3) en obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción, incluidos los siguientes: corrupción relacionada con contratos gubernamentales; soborno y extorsión; la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso mediante el lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales", informó el departamento de Estado.
