El exministro de Salud, Jorge Villavicencio y los dirigentes del Sindicato Nacional de Salud en 2013 autorizaron, por medio del Pacto Colectivo de Trabajadores, incrementarse los viáticos a los que tenían derecho.
Villavicencio pudo gastar hasta 1 mil 200 quetzales al día mientras que los líderes sindicales 1 mil quetzales diarios.
No fueron los únicos, la tabla de dietas aumentó para todos los funcionarios y empleados de Salud en un 700%, según estimaciones de la Fiscalía contra la Corrupción.
Los datos se conocieron durante la audiencia de primera declaración del caso que destapó la manera en que se usó el Pacto Colectivo para dos irregularidades: el incremento en las dietas y el pago de 14 millones de quetzales como honorarios al abogado que asesoró al sindicato para la firma de dicho convenio laboral que estuvo vigente de 2013 a 2015.
- OTROS DETALLES:
Viáticos: de Q160 a Q1,200
De acuerdo con lo descrito en la audiencia por el jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campo, el Pacto Colectivo estableció el pago de las dietas a partir de 2013 cuando fue firmado. Sin embargo, no se concretó en ese año por la falta de presupuesto.
Entonces, a partir del uno de enero de 2014 y hasta el 30 de junio de 2015 se pagaron las dietas con el incremento del 700%.
Campo describió que en el Pacto Colectivo se insertó al reglamento de gastos, lo cual es contrario al Acuerdo Gubernativo 397-98, que para ese entonces estaba vigente y fijaba el monto de los viáticos para los funcionarios y empleados estatales.
Las dietas pasaron de ser de 160 diarios a 1 mil 200 quetzales. Y en la menor la categoría se pasó de 80 quetzales para 350. La diferencia en el primero de los casos es de 1 mil 40 quetzales y en el segundo de 270.
Campo dice que los sindicalistas contra quienes se presentan cargos también hicieron caso omiso al Código de Trabajo que les estipula “no concederse privilegios”.
También se afectó el presupuesto general de la nación. “Se violentaron las normas del presupuesto 2013”, dijo el fiscal debido a que no existía el presupuesto suficiente para realizar los pagos.
La audiencia de primera declaración del nuevo caso por corrupción está a cargo de la jueza Quinta de Primera Instancia Penal, Judith Secaida, quien resolverá la situación legal de los once capturados.
