Exdiputados de la Asamblea Nacional Constituyente de 1985 manifestaron su respaldo a la Corte de Constitucionalidad (CC), como único intérprete de la Constitución Política.
A través de un comunicado publicado en las redes sociales, exhortaron a la CC a "dictar los autos de ejecución necesarios para hacer efectivas sus órdenes, toda vez que no puede existir un Estado de Derecho donde las sentencias sean de cumplimiento discrecional".
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El comunicado está firmado por los constituyentes: Alfonso Cabrera Hidalgo, Roberto Alejos Cámbara, Rafael Arriaga Martínez, Silverio De León López, Alfonso Alonso Barillas, Francisco López Vidaurre, Víctor Hugo Godoy Morales, Nery Danilo Sandoval, Aquiles Faillace y Eric Milton Quim Chen.
Los exdiputados aseguran: "De acuerdo al Texto Magno, el intérprete de la Constitución es la CC, y es innegable que distintas magistraturas, desde su instauración en 1986, han recibido críticas, tachas, objeciones y análisis de todo tipo por sus actuaciones. Sin embargo, desde la perspectiva política y jurídica no puede sostenerse que el Congreso pueda analizar el fondo de una resolución", enfatizan.
También manifestaron su preocupación por el hecho de que el "Ministerio Público (MP) haya presentado un amparo con denuncias muy serias sobre tachas en el proceso de elección de Magistrados de Corte Suprema de Justicia y Magistrados de Cortes de Apelaciones y Tribunales similares, pero nos preocupa, aun más, que el mismo MP no quiera defender el haber obtenido la protección que el propio Tribunal Constitucional le concedió".
La disputa
La polémica se inició el 28 de mayo, cuando el MP pidió al Congreso separar del proceso de elección de jueces y magistrados de salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a abogados con señalamientos.
Esta petición la acompañó de una investigación acerca de reuniones de varios candidatos con el exsecretario General de la Presidencia, Gustavo Alejos, quien está acusado de actos de corrupción.
El Congreso hizo caso omiso del informe, por lo que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) presentó un amparo, el cual le fue otorgado, pero el abogado Roberto Guzmán Hernández accionó ante la CSJ, en contra de los magistrados que firmaron el amparo por considerar que era una orden ilegal.
La solicitud fue efectiva y los congresistas eligieron de manera inmediata a los integrantes de la Comisión Pesquisidora para dar seguimiento al proceso de antejuicio contra los magistrados de la CC.
Ante esa situación, la PDH volvió a actuar contra la resolución de la CSJ y el amparo le fue otorgado, además la CC solicitaba que el Congreso le enviara el expediente original del retiro de inmunidad, debido a que sabe que varios magistrados no se habían inhibido para conocer el caso, aún así el pleno se integró con suplentes.
El Congreso se negó a enviar el expediente y la CC certificó lo conducente al MP para que diera inicio a la investigación del caso, lo cual está en proceso, pero la Fiscal General Consuelo Porras decidió restringir el proceso de las indagaciones.
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