El Congreso decidirá sobre la vigencia de la medida de emergencia que decretó el pasado lunes el Ejecutivo.
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Este jueves 11 de julio, el Congreso de la República deberá decidir sobre la continuidad del Estado de Calamidad Pública que decretó a inicios de esta semana el presidente Bernardo Arévalo, respaldado por su Consejo de Ministros.
La medida está vigente, hasta el momento, y podría estarlo por todo un mes, si los diputados ratifican la decisión del Ejecutivo, pero ¿en qué consiste? En Soy502 lo explicamos.
El Estado de Calamidad Pública es la tercera situación especial contemplada en la Ley de Orden Público. Su función principal es evitar los posibles daños a la ciudadanía y asegurar la atención urgente de las emergencias suscitadas producto de eventos naturales o de otra índole.
Tal disposición puede abarcar todo el país, como ocurre actualmente, o limitarse a una región que esté siendo azotada por una eventualidad.
Las facultades
La norma faculta al Presidente de la República, en este caso a Arévalo, para que adopte disposiciones como la centralización de todos los servicios públicos, estatales y privados en una o varias entidades, según la forma y circunstancias que se requieran.
En este caso, que el estado de calamidad se decretó debido a los efectos de las lluvias en el territorio nacional, el Gobierno ha establecido como encargados de atender los incidentes a las siguientes entidades:
- Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV)
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
- Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
- Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
A tales instancias, se les ha autorizado la adquisición de bienes, servicios y equipo necesario para asistir a la población, en el ámbito de su competencia.
Priorizarían carreteras
En días anteriores, el jefe del CIV, Félix Alvarado, informó que solo esa cartera pretende invertir unos Q205.9 millones mientras esté vigente el Estado de Calamidad, con el fin de atender los daños en la red vial, entre otros aspectos.
Según dijo, ese dinero saldría de los fondos que ya tiene asignados el Ministerio y se distribuirían de la siguiente manera:
- Dirección General de Caminos - Q97 millones
- Unidad de Construcción de Edificios del Estado - Q108.9 millones
Parte de lo asignado a la primera de esas entidades sería para el arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción, rubro para lo cual se destinarían Q10 millones.
Camiones de volteo, retroexcavadoras, cargadores frontales, motoniveladoras y microcompactadoras son algunas de las maquinas que se alquilarían por un lapso de 30 días y se repartirían en distintos puntos, expresó el funcionario.
Asimismo, hizo ver que se busca adquirir 150 metros de puentes bailey, para dos carriles, a lo cual se asignarían Q75 millones más.
Cabe destacar que durante la vigencia del estado de calamidad el Ejecutivo, está facultado para realizar compras por excepción. Esto quiere decir que las adquisiciones se llevan a cabo sin seguir los procesos que norma la Ley de Contrataciones del Estado, por lo cual todo ocurre más rápido.
¿Por qué llega al Congreso?
Ahora bien, aunque el Ejecutivo haya declarado la mencionada medida, su vigencia depende de la aprobación del Congreso.
En la Ley de Orden Público se estipula que inmediatamente después de emitido el decreto que establece ese estado, se debe dar cuenta al Organismo Legislativo, al cual le corresponde ratificarlo, modificarlo o improbarlo.
De esta cuenta, se convocó al pleno de diputados para una sesión extraordinaria programada para este jueves 11 de julio, a partir de las 10:00 horas. De la decisión que tomen los parlamentarios dependerá si la medida sigue vigente hasta cumplir un mes.
Si la resolución fue improbarlo, lo que hubiera actuado el Gobierno en estos días quedaría con validez, pero no podría seguir ejecutando, por ejemplo, compras por excepción.
