Este 1 de septiembre entra en vigencia el Decreto 2-2024, el cual contiene la Ley de Tarjetas de Crédito, disposición que regula a las entidades bancarias para modificar los contratos por ese servicio y brindar más claridad a sus clientes.
OTRAS NOTICIAS: Diaco instala unidad para proteger a usuarios de tarjetas de crédito
La Ley de Tarjetas de Crédito entrará en vigencia este 1 de septiembre y con ella, se vienen varios cambios estipulados en el decreto que le dio vida, entre estos, castigos penales para la clonación, así como el uso y comercialización ilegal.
A partir de la entrada en vigencia, las entidades bancarias deberán empezar con los procesos para modificar los contratos por ese servicio, esto con el objetivo de brindar más claridad a sus clientes.
En cuanto a la clonación, se establece que dicho delito aplicará para quien, sin estar debidamente autorizado para hacerlo, "sustraiga, copie, reproduzca, grabe o altere la información contenida en la banda magnética o en el medio de identificación electrónica, óptica o de cualquier otra tecnología que posea una tarjeta de crédito o debido, así como cualquier otro medio de pago electrónico."
La regulación también establece que debe implementarse mecanismos para analizar la capacidad de pago de los tarjetahabientes por parte de los emisores previo a conceder una línea de crédito y extrafinanciamiento, así como modificar el límite de una línea de crédito.
También se indica que las emisoras de las tarjetas de crédito, estarían sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos y se crea la Unidad de Protección de Servicios Financieros en el Departamento de Verificación y Vigilancia, entidad que está lista y a cargo de la Diaco.
Además, la Diaco a través de esta Unidad de Protección, podrá solicitar en casos concretos a los emisores e información para el debido cumplimiento de sus funciones en materia de protección del usuario de servicios financieros.
En otros temas, la ley impone la restricción de capitalizar los intereses y serán prohibidas las acciones de acoso u hostigamiento a los deudores, ya que no se podrá oprimir, molestar o abusar de manera insistente y repetitiva en contactar de una persona, con ocasión de la gestión de cobro de una deuda derivada de un contrato de tarjeta de crédito.
En el reglamento elaborado para implementar la normativa, se establece que los bancos y empresa que ofrecen los servicios deben cumplir con divulgar de información sobre el tema y cumplir con estándares de seguridad.
