Este jueves los diputados tendrán la oportunidad de rechazar el veto del presidente Alejandro Giammattei para que el Decreto 15-2020 entre en vigencia.
Esta ley pretende prohibir los cortes de los servicios de agua, energía eléctrica, televisión por cable, telefonía e Internet durante el Estado de Calamidad, con lo que se busca ayudar a las familias afectadas por la crisis del Covid-19.
Sin embargo, a criterio del mandatario y sus asesores, la ley tiene varias ilegalidades.
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"El Decreto 15-2020 aprobado por el Congreso de la República contiene aspectos técnicos que hacen inviable su aplicación así como hay disposiciones que vulneran la Constitución Política de la República de Guatemala, lo cual haría que sea una ley que nazca muerta", dijo Giammattei este miércoles en cadena nacional.
El gobernante puso de ejemplo que la ley menciona como beneficiarios "a los usuarios de la luz", pero la Carta Magna se refiere a ese servicio como "energía eléctrica".
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El subjefe de la bancada Visión con Valores (Viva), Aníbal Rojas, quien es ponente de la propuesta, asegura que no existe ninguna inconstitucionalidad en la ley y por ende considera que tampoco hay justificación para el veto.
El jefe de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Carlos Barreda, quien también es impulsor de esta norma asegura que "hay muchos temas de los que él señala que se resuelven con un reglamento, no son inconstitucionalidades".
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Como alternativa a la ley vetada, Giammattei propuso una nueva iniciativa de ley; pero en esta excluye el servicio de cable residencial, por lo que quienes se atrasen en pagos podrían perder la señal.
En el Decreto 15-2020 se prohíben los cortes de los servicios básicos, pero en la propuesta enviada por Giammattei se plantea que los operadores de telefonía puedan reducir a servicios básicos la telefonía y el internet, este último conservando el acceso solo a correo electrónico y a las páginas del Gobierno.
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"Ahí sí se deja a la población desprotegida, porque los servicios se está dando a medias o se está poniendo un montón de requisitos para optar a los beneficios", remarca Rojas.
La iniciativa de Giammattei contempla un artículo para entregarle 45 millones de quetzales a la Empresa Municipal de Agua de la ciudad de Guatemala (Empagua).
"En la iniciativa solo se favorece a Empagua, pero los 340 municipios prestan servicio de agua", critica Barreda.
Para rechazar el veto de Giammattei es necesario el apoyo de 107 legisladores; si esto se consigue, el Decreto regresaría al Organismo Ejecutivo para que en un plazo de ocho días sea publicado en el diario oficial, para que entre en vigencia el día siguiente.