Las controversias por un contrato que fue declarado nulo han propiciado la solicitud de renuncia a un funcionario de Bernardo Arévalo.
EN CONTEXTO: Citación en el Congreso termina con un funcionario expulsado
Por considerar que ha sido negligente en su labor, específicamente en el caso de la terminal de contenedores APM Terminals, el diputado Inés Castillo exigió públicamente la renuncia del procurador general de la Nación, Julio Saavedra.
Seis días después de que protagonizaron una acalorada discusión por ese tema y cuando han pasado menos de 24 horas de que una sala confirmó la nulidad del contrato de esa empresa que funcionaba en la Portuaria Quetzal, el legislador ofreció una conferencia de prensa y arremetió contra el funcionario.
"Si tiene un poco de dignidad y respeto al pueblo de Guatemala, que renuncie al cargo, por negligente, por incapaz, por no procurar un caso de intereses para el pueblo de Guatemala", dijo.
Así se pronunció Inés Castillo sobre la labor del procurador general de la Nación pic.twitter.com/lAcAmrP6aZ
Según Castillo, el procurador no fue diligente con el caso, pese a que en días anteriores este informó que ya se había accionado ante las instancias correspondientes.
Empero, para el diputado lo que correspondía era denunciar a los jueces que, a su criterio, habían retardado la resolución de nulidad. Esto desencadenó el pasado 5 de junio una discusión que terminó con la expulsión de Saavedra.
La acalorada discusión entre el diputado Inés Castillo y el procurador general de la Nación propició que este último se retirara de la reunión pic.twitter.com/EplDumuXiT
Nulidad absoluta
El lunes 10 de junio, la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dejó en firme una resolución que declara la nulidad absoluta del contrato de usufructo oneroso, así como sus modificaciones y el convenio de operaciones suscritos con APM Terminals Quetzal, Sociedad Anónima.
Las partes ya fueron notificadas y el titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que con ello, "se pone fin a toda la controversia suscitada en torno a este caso".
También recordó que la reciente resolución fue después de una acción presentada por la entidad a su cargo.
"Esto significa que se concluyeron todos los recursos o todas las impugnaciones que se habían presentado en contra de la sentencia que resolvió el caso. Ya no hay ningún recurso pendiente y habrá que cumplir con lo que fue resuelto en esa sentencia", expresó durante una entrevista con un medio radiofónico.
La Portuaria Quetzal también se pronunció, por medio de un comunicado, en el cual indica que "tomará las acciones para minimizar el impacto al comercio marítimo internacional".
Los problemas legales
En abril de 2016, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti sumaron un nuevo proceso penal en su contra, cuando se dio a conocer el Caso TCQ.
Este se centra en un presunto negocio fraudulento para la modernización de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y para lo cual se contactó con la empresa española Transportes de Contenedores de Barcelona (TCB).
Esta, creó su filial en Guatemala: Transportes de Contenedores Quetzal (TCQ), que después de diversos procesos pasó a denominarse APM Terminals Quetzal, S. A.
El negocio requirió ofrecerle a TCB la concesión y usufructo de un tramo del puerto Quetzal, en Escuintla, con la finalidad de crear una plataforma moderna y que, al cabo de los años, quedara en propiedad del Estado de Guatemala, específicamente de la EPQ.
Sin embargo, se descubrió que Pérez Molina y Baldetti habrían coordinado el pago de sobornos, para facilitar los trámites legales a TCQ y evitar problemas con los sindicalistas, así como con la justicia.
En su momento, se habló de coimas por hasta 30 millones de dólares (Q232.8 millones). Por este caso hay varias personas detenidas.
