La fiscal general, Consuelo Porras, le envió un documento a los diputados en el que revela detalles del dispositivo de seguridad que está a disposición de su antecesora, Thelma Aldana.
La exjefa del Ministerio Público (MP) dispone de 28 agentes (25 hombres y 3 mujeres), divididos en dos grupos y cinco vehículos, de los cuales uno es blindado. Cuando alguno de estos automotores sufre desperfectos mecánicos, el MP envía otro vehículo mientras repara el principal.
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Según los registros financieros del MP, desde mayo de 2018, cuando Aldana dejó de estar al frente del MP, la seguridad de la exfuncionaria le ha costado a la institución casi 7 millones de quetzales (Q6,823,000).
El MP cubre los salarios, bonos y viáticos de los guardaespaldas asignados a Aldana, así como el combustible y el mantenimiento de los vehículos asignados a la seguridad de la exfuncionaria.
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Actualmente Aldana está prófuga de la justicia por las dos órdenes de captura que pesan en su contra, por lo que la seguridad está a disposición de sus hijos.
Esta protección es por tiempo indefinido, según lo establece el Acuerdo 80-2017 del MP, que fue aprobado durante la administración de Aldana. Antes de ese documento, la protección estaba a cargo del Ministerio de Gobernación durante cuatro años luego de dejar el cargo.
Según el Ministerio de Gobernación, esta medida de protección era para prevenir amenazas o atentados contra su seguridad "por la naturaleza de esa función y las actividades que desempeña".
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"Ni al Presidente de la República le dan combustibles o vehículos de por vida. Si bien existen riesgos inherentes al cargo, si usted tiene seguridad durante tres o cuatro años, en ese tiempo los riesgos se reducen", asegura el exviceministro de Gobernación, Julio Rivera Clavería.
"¿Qué va a pasar cuando hayan pasado cuatro fiscales? Si usted le entrega estos privilegios a los exfiscales, los costos se elevan y el MP solo tendrá presupuesto para cubrir la protección de sus exjefes", añade Rivera Clavería.
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El subjefe de Seguridad del MP, Antonio Englenton Peña, aseguró que la seguridad proporcionada por la institución no ha acompañado a Aldana fuera del país desde que ella dejó de ser la fiscal general y por ende sus guardaespaldas no han estado con ella mientras permanece prófuga de la justicia.
La Contraloría General de Cuentas (CGC), a solicitud del MP, analiza la legalidad del acuerdo que le proporciona seguridad a Aldana.
