El presidente, Alejandro Giammattei, confirmó que el Estado de Prevención en municipios de Chimaltenango se debe a las múltiples denuncias ciudadanas de violencia e inseguridad que han recibido en dicho lugar y también se determinó por un análisis profundo de la criminalidad en el sector.
Cientos de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de Guatemala fueron movilizados la mañana de este miércoles hacia los municipios de Chimaltenango, El Tejar y San Andrés Itzapa del departamento de Chimaltenango por un Estado de Prevención decretado por el gobierno.
"Esto permitirá retomar el control de nuestras calles. Esto forma parte del plan de control y recuperación en su fase tres. Denunciemos y hoy sigamos construyendo juntos una Guatemala diferente donde la delincuencia no tenga el control", afirmó Giammattei en un mensaje a la nación.
Mensaje a la nación del presidente @DrGiammattei. pic.twitter.com/Sz1wUQ4IEB
Dicha medida durará seis días y fue decretada por el Consejo de Ministros bajo el acuerdo gubernativo 3-2020 de la Presidencia.
Giammattei explicó que ingresarán a las prisiones de dichas localidades para retomar el control y encontrar "esa conexión malévola entre los delincuentes que usan las cárceles para mantenernos de rodillas", agregó.
El Estado de Prevención, al igual que los decretados en Mixco y Villa Nueva, tiene como objetivo reducir los índices de criminalidad y violencia en esos municipios.
Según el artículo 2 de dicha publicación, en dichos lugares existen grupos que alteran el orden público y realizan una serie de actos que afectan el bien común, la gobernabilidad y el orden institucional.
- RECUERDA:
“Estos ponen en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de sus habitantes”, se lee en dicho acuerdo publicado en el Diario de Centroamérica.
Limitaciones
El acuerdo limita la celebración de actividades o reuniones y manifestaciones así como espectáculos al aire libre.
Además se limita el derecho de celebrar manifestaciones públicas que afecten la locomoción de las personas, así como de los servicios públicos. Esto da a las autoridades la potestad de disolver por la fuerza dichos actos.
Se limita el derecho de portación de armas y otros objetos de violencia, salvo para las fuerzas de seguridad.
Además queda prohibido estacionar carros en zonas que afecten o pongan en riesgo la vida y seguridad de las personas.
