Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acordaron centralizar en un juzgado de la ciudad capital, todos los procesos penales relacionados a actos de corrupción.
El acuerdo 22-2020 determina que el Juzgado Duodécimo Penal se especializará. "Los demás juzgados ya no conocerán de los delitos cometidos por funcionarios y empleados públicos", se describe.
La sede del juzgado se encuentra en el segundo nivel del la Torre de Tribunales. De acuerdo con el portavoz del Organismo Judicial, Mario Siekavizza, cuenta con todo el personal: un juez, un secretario, un comisario, dos notificadores y cuatro oficiales.
Sin embargo, de manera no oficial, se conoció que el juzgado no cuenta con un juez titular y cada cierto tiempo se designa un suplente. Al respecto, Siekavizza dijo desconocer ese detalle y pidió que la pregunta se formulara al Consejo de la Carrera Judicial, donde no se obtuvo respuesta.
Según registros del Ministerio Público (MP), al mes en promedio se reciben entre 80 y 90 denuncias relacionadas a corrupción, las que ahora corresponde únicamente conocer a un juez, sin contar las denuncias que podrían ser tramitadas también por las fiscalías de Asuntos Internos y de Delitos Administrativos.
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El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, que está al frente de una serie de procesos de alto impacto relacionados a corrupción y crimen organizado, opinó que ve por ahora que se podrían afectar los procesos penales. Mencionó que en las infracciones cometidas por funcionarios públicos que involucren delitos que se consideran de mayor riesgo, el Código Procesal Penal establece que el delito de mayor gravedad es el que determina la competencia.
Mientras el jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campo, informó que la fiscalía tiene activos unos tres mil casos en todo el país. "Lo que más se denuncia son sobornos, sustracción de fondos y fraude", explicó.
Pese a ello, Campo es del criterio que el juzgado especializado "es un avance importante en cuanto a la especialización".
Actualmente los fiscales que se encuentran en la ciudad capital deben desplazarse para litigar en juzgados de todo el país.
Ningún magistrado de la CSJ accedió a emitir opiniones respecto de la disposición y sus alcances.
La designación causó en el gremio judicial una serie de críticas y surgieron dudas de la competencia.
Dudas
El presidente de la Asociación de Jueces por la Integridad, Carlos Ruano, declaró que existen dudas de la función. "La CSJ no justifica y explica la causa de la necesidad de centralizar los casos", expresó.
Además, dijo que preocupa que la persona designada sea idónea para resolver ese tipo de delitos, ya que "debe ser un juez con experiencia y capacitación".
Con relación a los procesos que ya se tramitan en los Juzgados de Mayor Riesgo, Rauno mencionó que también genera duda si continuarán, aunque aclaró que no podrían desaparecer ya que están creados a través de un decreto del Congreso de la República.
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