Por su supuesta participación en contrataciones anómalas en el Congreso de la República, tres exdiputados y dos actuales legisladores que fueron parte de las Juntas Directivas de 2014 y 2015 deberán enfrentar un proceso penal, así lo resolvió el Juzgado de Mayor Riesgo A.
La titular del juzgado, Claudette Domínguez, consideró que existen suficientes indicios para pensar que los exparlamentarios y diputados incurrieron en los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción.
Domínguez hace un resumen de los argumentos presentados por ma Fiscalía y los abogados defensores como parte de su resolución @soy_502 pic.twitter.com/O6iFq0rngq
— Marcia Zavala (@MarciaZSoy502) 28 de marzo de 2017
Los sindicados son los exintegrantes de la Junta Directiva de 2014, Juan Alcázar, quien como representante del Partido Patriota (PP) ocupó el cargo de Primer Vicepresidente; y Aleksander Castillo, también del PP, quien fue el primer secretario.
Así también, figuran tres legisladores que fueron parte de la junta presidida por Luis Rabbé en 2015: Selvin García (tercer vicepresidente), César Fajardo (primer secretario) y Manuel García Chutá (tercer secretario). Estos últimos aún se desempeñan como diputados.
Los exdiputados señalados son César Fajardo, Manuel García, Juan Alcazar, Selvin García y Aleksander Castillo @soy_502 pic.twitter.com/DO04cxxDnd
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Según la investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), los cinco sindicados habrían solicitado y autorizado al menos 116 plazas anómalas en el Legislativo.
A decir de la juzgadora, aunque ellos no participaron en la suscripción de los contratos, las personas estaban asignadas a su cargo en la Junta Directiva por peticiones planteadas a Recursos Humanos y no demostraron que todos los subalternos cumplieran con su asistencia a laborar.
Durante su argumentación, el fiscal Luis Omar Mejía describió que los salarios que devengaron las personas beneficiadas con contrataciones en el renglón 011 van desde los cuatro mil hasta los 20 mil quetzales y que fueron asignados de forma "antojadiza" por los parlamentarios; sin embargo, esto fue rechazado por la jueza Domínguez, quien enfatizó que el Ministerio Público no lo demostró en los medios de convicción.
