Cada vez son más los sectores que evidencian irregularidades en el presupuesto aprobado por el Legislativo para el próximo año.
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Aún no se cumple una semana desde que el Congreso de la República aprobó el polémico Presupuesto General de la Nación para 2024 y el rechazo sigue en aumento.
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) es la entidad que se ha pronunciado más recientemente e hizo ver su preocupación ante las modificaciones realizadas a la versión presentada originalmente por el Ejecutivo.
"Estos cambios provocan mayores rigideces, opacidad, espacios de discrecionalidad y dificultades en la ejecución", indicó el ente, por medio de un comunicado.
Asimismo, enumeró los "aspectos claves" contenidos en el Decreto 18-2023, que reñirían con las leyes del Presupuesto, Contrataciones y Servicio Civil. Clasificó tales aspectos en tres grupos:
1. Ausencia de fundamento técnico
De acuerdo con el análisis del CIEN, se cometieron irregularidades al asignar más de Q2,536 millones para incrementar el techo de gastos del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), mediante aportes a cuatro de sus dependencias.
En ese marco, la entidad destaca el listado de 407 obras que quedaron especificadas en el Presupuesto, sin posibilidad de modificarlas.
2. Discrecionalidad en las asignaciones
Por otra parte, se destaca el otorgamiento de un monto superior a los Q1,000 millones a organizaciones no gubernamentales, entre las que figuran algunas de reciente creación.
Además, se cuestiona la consignación de Q350 millones para que el Ministerio de Salud traslade personal contratado temporalmente al renglón 011 y para que realice mejoras salariales.
Otro aspecto que, según el CIEN, se hizo a discreción fue prohibir el incremento de contratos de personal temporal, así como la distribución de recursos adicionales a carteras como Defensa Nacional, Salud y Agricultura, alcanzando también al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
3. Mayores rigideces
Para el Centro de Investigaciones, al impedir reducciones a siete entes, incluido el Ministerio Público, se limita al gobierno la posibilidad de hacer transferencias, lo cual está contemplado en la Ley Orgánica del Presupuesto.
"Es imperativo que se respeten a cabalidad las disposiciones técnicas establecidas en la Ley de Servicio Civil, Contrataciones y Presupuesto, así como otras leyes ordinarias, para que las asignaciones de recursos se realicen conforme a las prioridades nacionales y con soporte técnico y legal", resaltó el CIEN.
Urgen explicaciones
La entidad llama, además, al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) a explicar "con todo detalle los daños provocados por el ataque cibernético contra los sistemas Guatecompras y Sicoin".
En su pronunciamiento, hace ver la trascendencia de conocer el plan de contención de daños con el que cuenta la cartera y la continuidad de operaciones, así como las acciones para garantizar el "debido, exacto y transparente registro de todas las transacciones ocurridas" mientras esos sitios estuvieron fuera de funcionamiento.
