La CIDH acusa una crisis política e institucional en Guatemala.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha alertado a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la comunidad internacional sobre "una inminente ruptura del orden constitucional" en Guatemala.
La entidad emitió una resolución en la cual alerta sobre la "instrumentalización del sistema de justicia y los graves riesgos para el Estado de derecho" en el país, propiciado, en su opinión, por el "indebido y arbitrario del poder con fines político-electorales por parte del Ministerio Público (MP)".
Sin embargo, no es la única instancia estatal a la cual señala de irregularidades y acciones que atentan contra la democracia guatemalteca. La CIDH también se refiere en el documento al "acelerado trámite de procesos de antejuicio".
Asimismo, habla de "otras decisiones severamente cuestionadas que han sido tomadas por el Congreso de la República en esta coyuntura, como por ejemplo el levantamiento de inmunidad a las personas magistradas del Tribunal Supremo Electoral".
De acuerdo con la Comisión, Guatemala atraviesa una crisis política e institucional, con profundos efectos para la vigencia de la democracia y los derechos humanos de la población, como consecuencia de una serie de acciones e injerencias indebidas y arbitrarias.
En ese marco, hace hincapié en las medidas adoptadas por la institución dirigida por Consuelo Porras y el papel de los diputados en acciones que pondrían en riesgo el estado de derecho.
#CIDH adopta Resolución sobre #DerechosHumanos y graves riesgos para el Estado de derecho en #Guatemala. https://t.co/V5ySTaL1Td pic.twitter.com/FHOAjCYX0y
¿Retraso malicioso?
Uno de los aspectos destacados en la resolución de la CIDH es que a la situación actual del país "se suma el retraso indebido de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las Cortes de Apelaciones para el periodo 2019-2024".
A decir de ese ente, el retraso de más de tres años en la designación de los togados ha afectado la independencia de esas instancias del Organismo Judicial (OJ).
Por otra parte, menciona la iniciativa de ley promovida por la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, con apoyo de otros diputados, con la cual se busca trasladar a la CSJ facultades relacionadas con el nombramiento, traslado, ascenso, sanción, destitución y concesión de licencias a jueces, juezas y otro personal.
Se trata de una propuesta que ha generado polémica, debido a que eliminaría las comisiones de postulación e interferiría en el trabajo del Consejo de la Carrera Judicial.
Emite recomendaciones
Tras analizar los diversos aspectos que estarían llevando a Guatemala a una crisis, la CIDH formuló una serie de recomendaciones al Estado e insta a todos los poderes públicos a garantizar el respeto al orden constitucional y la preservación del Estado de derecho.
Además, llama a garantizar mecanismos para la rendición de cuentas de la jefa del MP, "compatibles con los estándares del derecho internacional".
También urge garantizar que los procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia se realicen conforme a los estándares interamericanos, bajo criterios en base al mérito y a las capacidades profesionales, libre de injerencias políticas indebidas.
Finalmente, hace ver la importancia de proteger la vida y la integridad de las autoridades electas, periodistas y trabajadoras de medios de comunicación, pueblos indígenas y a otros sectores.
Lea acá la resolución completa emitida por la CIDH sobre la situación de Guatemala.
