La CC solicitó información al TSE relacionada a la suspensión provisional del Movimiento Semilla.
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La Corte de Constitucionalidad solicitó al Tribunal Supremo Electoral que en el plazo de cinco días informe si tiene pendiente de resolver cualquier impugnación relacionada a la suspensión provisional de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla.
Comunicación Social de la CC informó a Soy502 que "se resolvió auto para mejor fallar, respecto al expediente 6452-2023".
El objetivo es que el TSE informe si posterior a suspender a Semilla recibió alguna apelación y, si así fue, cómo resolvió al respecto.
Decisión del TSE
El pasado 2 de noviembre y con el cierre del proceso electoral, el TSE confirmó la suspensión del Movimiento Semilla.
"A requerimiento del MP y posterior solicitud del juez séptimo (Fredy Orellana) se gira la suspensión de la personalidad jurídica, en este caso la CC amparó al juez y determinó que sí podía suspenderse toda vez que el proceso electoral haya finalizado", aseguró.
En cuanto a los alcances de esta suspensión, Ramírez dijo que Semilla no podrá realizar ningún trámite administrativo ante el TSE.
¿Tomarán posesión?
Los magistrados del TSE han insistido en que los diputados, alcaldes y el binomio presidencial de Semilla tomarán posesión el próximo 14 y 15 de enero, pues los cargos ya fueron oficializados y adjudicados.
No obstante, en el Congreso la situación es complicada, puesto que tras la orden de suspender al partido Semilla, el 30 de agosto la Junta Directiva suspendió a la bancada, dejándolos sin presidencias de comisiones, fondo rotativo, secretarias ni asesores.
Suspensión de Semilla
El 12 de julio, previo a que se llevara a cabo la segunda vuelta electoral, el juez Fredy Orellana otorgó 24 horas de plazo al Registro de Ciudadanos para que suspendiera la personería jurídica del partido Movimiento Semilla.
La notificación prohibía a la agrupación política a participar en cualquier acto electoral y establecía que no podrían ser adjudicados los cargos a candidatos del partido, bajo el argumento de "garantizar los derechos inherentes que le asisten a cada ciudadano guatemalteco".
Muñóz se negó a suspender el partido político y argumentó que la única norma constitucional en la que se basa el derecho y la garantía de todas las agrupaciones políticas es la Ley Electoral y de Partidos Políticos, tomando en cuenta que la investigación del Ministerio Público se basa en la Ley de Crimen Organizado.
