Donar dinero a un hogar de ancianos y asistir a cursos de cultura tributaria es el castigo que recibió una mujer acusada de defraudación aduanera después de que su caso quedara desjudicializado al pagar las deudas y multas que tenía con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Se trata de Mirna Lucrecia Montenegro Armas quien fue capturada en julio de 2015, señalada de cohecho y defraudación aduanera tras haberse beneficiado de la estructura La Línea. Por este caso también fue sindicada la exvicepresidenta Roxana Baldetti y el expresidente Otto Pérez Molina.
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De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público (MP) acompañados de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), varios empresarios se beneficiaron de la estructura, entre ellos Montenegro Armas.
Este lunes 10 de agosto, el MP informó que después de admitir los hechos imputados, el Juzgado de Mayor Riesgo B otorgó medida desjudicializadora de suspensión condicional de persecución penal a Montenegro Armas. Ello, luego de que canceló Q899,324 en impuestos, multas e intereses.
#CasoLaLínea Empresarios:
Tras admitir la veracidad de los hechos imputados por el MP ante el Juzgado de Mayor Riesgo B, se les otorgó medida desjudicializadora de suspensión condicional de la persecución penal a los sindicados: Il Kim y Mirna Lucrecia Montenegro Armas. pic.twitter.com/hXJx6tUFSi
Sin embargo, también se le fijó un régimen de prueba de dos años y "con la finalidad de mejorar su condición moral se le ordenó donar 3 mil quetzales al hogar de ancianos Casa María" ubicado en Sacatepéquez y deberá acudir a dos cursos de Cultura Tributaria.
Caso La Línea
El 16 de abril de 2015, el MP y la CICIG revelaron un caso de corrupción e impunidad que involucró a altos funcionarios de Gobierno, incluyendo al expresidente Otto Pérez, a la ex vicepresidenta Baldetti y al secretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón.
La red funcionaba a través del pago de coimas para agilizar los procesos aduaneros. Una gran lista de importadores se beneficiaron. En total fueron enviados a juicio 28 personas.
Luego de los señalamientos, Baldetti renunció y más tarde lo hizo Pérez Molina, mientras que Monzón se convirtió en colaborador de la CICIG y reveló el funcionamiento de la red de defraudación que funcionaba, principalmente en las aduanas de Puerto Quetzal.
El 1 de julio, cinco personas fueron sentenciadas a 3 años y 4 meses de prisión conmutables, todos eran importadores.
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