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El pasado 31 de octubre varios vehículos blindados arribaron a la Finca Santo Tomás, un inmueble al servicio del presidente en la costa sur.
Los asistentes eran varios diputados del Frente de Convergencia Nacional (FCN) y bancadas aliadas, así como el presidente Jimmy Morales.
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El principal tema a discutir, según confirman varios de los asistentes, fue la elección de la Junta Directiva del Congreso para el próximo año.
En ese inmueble estatal, se acordó que la alianza oficialista apoyaría la reelección de Álvaro Arzú Escobar y que esta votación se efectuaría en la segunda semana de noviembre, antes de que concluyera la aprobación del presupuesto.
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Según confirman legisladores que prefieren el anonimato, entre los asistentes estaban los diputados oficialistas Javier Hernández, Armando Melgar Padilla, Estuardo Galdámez; además de Felipe Alejos de Todos, Armando Escribá de Alianza Ciudadana y Fernando García Gudiel de los independientes. Pese a que Arzú Escobar obtuvo el apoyo, él no asistió a esta reunión.
"Desconozco si hubo tal reunión, pero si hubo puedo asegurar que nadie de Todos estuvo presente", señaló Alejos.
Galdámez añadió que ningún integrante de la Junta Directiva electa "participó en alguna reunión ilegal".
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Aunque los diputados sin bancada no tienen el derecho de integrar la Junta Directiva, en la reunión se acordó que ellos podrían designar a un secretario porque representan 15 votos en el hemiciclo. El designado por ellos habría sido Galdámez.
Para atender a los asistentes, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) compró cinco libras de carnitas y otras cinco libras de chicharrones en un comercio ubicado en Escuintla.
La comida servida a los asistentes de esta reunión fue pagada con fondos públicos, según consta en la factura a la que Soy502 tuvo acceso.
En 2016, hubo una reunión similar en la Finca Santo Tomás para decidir que Óscar Chinchilla sería el presidente del Congreso en 2017. Este caso está bajo investigación del Ministerio Público (MP) debido a una denuncia de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que considera que existieron varios delitos como tráfico de influencias, colusión e interferencia de poderes.
