Mónica Gabriela Amaya Flores busca convertirse en diputada en las próximas elecciones. Sin embargo, durante los últimos 3 años ha tenido dos plazas en el Estado.
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La candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) ha sido asesora del parlamentario de la UNE, Julio Ixcamey, con un plaza 022 y un salario de 20 mil mensuales.
Al mismo tiempo que ocupaba un cargo en el Organismo Legislativo, Amaya Flores tuvo un contrato como asesora jurídica de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, cuyo alcalde, Rubén Axpuac, también integra las filas de la UNE.
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En la comuna, Amaya Flores devenga 10 mil quetzales al mes y desde 2016 ha recibido 240 mil quetzales, tan solo de la Municipalidad, según consta en el portal Guatecompras. En total, entre los ingresos por las dos asesorías Amaya Flores habría obtenido más de 1 millón de quetzales.
En el contrato con la Municipalidad, Amaya Flores dijo bajo juramento que no incumple con ninguna de las prohibiciones del artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado; no obstante, en la literal f de esta norma se establece que no podrán celebrar contratos con el Estado los empleados públicos.
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Amaya Flores ocupa la segunda casilla del listado de candidatos a diputados de la UNE en Sacatepéquez, mismo que es encabezado por su jefe en el Congreso Julio Ixcamey.
Entrega de láminas
El pasado jueves, Amaya Flores acompañó a Ixcamey a una entrega de láminas en una escuela de Antigua Guatemala, a pesar de que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) prohibe la entrega de regalos y que la campaña electoral arranca oficialmente el 18 de marzo.
Intentamos conversar con la candidata a diputada, pero no fue posible contactarla.
Mónica Amaya también buscó una curul en las elecciones de 2015, en la misma planilla que Ixcamey.
Actualmente este legislador enfrenta un proceso de antejuicio por anomalías en el financiamiento electoral de la UNE en 2015, por lo que si llegara a ser enviado a prisión por este caso Amaya podría convertirse en diputada.
Derecho de respuesta*
Ante la nota titulada: “Candidata a diputada de la UNE y con dos plazas en el Gobierno” publicada en el periódico Soy502 de fecha 18 de febrero de 2019, cuya autoría se atribuye al periodista José Miguel Castañeda, manifiesto: Mi total rechazo a la manera tendenciosa y a la falta de objetividad de dicha nota, ya que hace referencia a mi persona en términos poco profesionales, revestidos de misoginia con el propósito de denigrarme como mujer y menoscabar el ejercicio de mi profesión como abogada y notaria, por lo cual en el ejercicio de mi derecho de respuesta, consagrado en la Ley de Libre Emisión del Pensamiento, explico y refuto los pensamientos vertidos en la publicación aludida.
La prestación de servicios profesionales bajo el renglón 022, es perfectamente legal y se ajusta lo que dispone el artículo 154 BIS de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que literalmente indica: “El personal bajo el renglón 022, son considerados nombramientos por contrato emitidos a puestos de carácter temporal y de naturaleza transitoria para servicios determinados, por lo que no están sujetos a jornada ordinaria de trabajo…” No existiendo ninguna ilegalidad en esto.
La prestación de servicios jurídicos a las Municipalidades está permitida de conformidad con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala (Acuerdo Ministerial 379-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas). Servicios que se prestan bajo el renglón 183 “Servicios jurídicos. Comprende retribuciones por servicios profesionales y técnicos de carácter jurídico”. No existiendo ninguna ilegalidad en esto.
Por lo tanto, no existe incompatibilidad en prestar servicios jurídicos a dos instituciones públicas, si se hace bajo los renglones presupuestarios 022 y 183, ni tampoco viola ninguna norma jurídica ni mucho menos con el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado, como se pretenden hacer ver tendenciosamente en la publicación, dado que el citado artículo se refiere al personal contratado bajo renglón 011, es decir, sujeto a una jornada ordinaria de trabajo, lo cual no es ni ha sido mi caso.
En Guatemala, las abogadas y notarias tenemos la libertad, al igual que nuestros pares hombres, a prestar servicios jurídicos a cambio del pago de un honorario, lo cual se apega a la deontología jurídica y no reviste de falta de ética ni inmoralidad alguna; por lo que es incomprensible el alto grado de misoginia de la publicación, al mencionar los montos de honorarios que honradamente he devengado por prestar servicios profesionales, como si los sustraje de manera ilícita o fraudulenta, como lo dan a entender en tan deleznable publicación, porque es un ataque directo a mi condición de mujer, ya que existen muchos otros profesionales hombres que prestan de igual manera sus servicios profesionales en distintas instituciones del Estado de Guatemala.
De igual manera la publicación de las cantidades dinerarias devengadas (que fueron adquiridas de manera lícita) ponen en riesgo tanto mi integridad física como la de mi familia, así como mi patrimonio, ganado honradamente mediante mis conocimientos profesionales pues siendo una ciudadana común y corriente no utilizo ningún medio de seguridad personal.
Siendo la Contraloría General de Cuentas el máximo ente fiscalizador del país, desde hace tres años atrás dicha entidad tiene conocimiento de los contratos suscritos, toda vez que su ley orgánica establece y obliga a las entidades públicas a registrar los mismos.
Como candidata a diputada y especialmente como mujer reafirmo mi compromiso con el Estado de Derecho, el derecho y la justicia, la ética y la transparencia que, como pilares, han sostenido mi trayectoria intachable como abogada y notaria.
En conclusión: por ser una persona transparente, exhorto a todos los periodistas y ciudadanos en general a que se avoquen si lo desean a las Oficinas de Acceso a la Información Pública, tanto de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas y al parlamentario Julio César Ixcamey sobre mi función como asesora y toda la información que consideren pertinente.
Atenuantemente,
Mónica Gabriela Amaya Flores
* Esta nota fue editada el domingo 24 de febrero de 2019, a las 18:44 horas, para incluir este derecho de respuesta.
