La cubana Bárbara Hernández interpuso una denuncia en contra del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, y la jueza de Mayor Riesgo D, Érika Aifán, y logró que se resolviera brindarle medidas de seguridad.
Hernández denunció supuestos actos ilegales por el allanamiento realizado el 24 de abril, en un inmueble que sería la sede de una organización no gubernamental, de la cual dice ser representante en Guatemala.
En el juzgado de Paz de Sumpango, Sacatepéquez, se recibió la denuncia donde indicó que el allanamiento fue ilegal y fue con exceso de fuerza. El juez Julio César Otzoy escuchó la denuncia verbal y se resolvió enviar la denuncia al Ministerio Público (MP).
El juez resolvió que la Policía Nacional Civil (PNC) debe brindarle seguridad perimetral a Hernández, "por el tiempo necesario" en la residencia.
El caso fue conocido por el juez Otzoy, titular del Juzgado de Paz de Santo Domingo Xenacoj y con mandato del Consejo de la Carrera Judicial, para conocer también procesos del Juzgado de Paz de Sumpango, ambos de Sacatepéquez.
Bárbara Hernández, la mujer que se identifica como cubana, periodista anticomunista y que mostró su rechazo al mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fue localizada, el viernes, en el inmueble donde el MP realizó un allanamiento para capturar al exdiputado Estuardo Galdámez, quien se encuentra prófugo.
La residencia está registrada, según información del MP a nombre de la organización no gubernamental de nombre "Noble Orden Para la Excelencia Humana".
Sin embargo, dicha ONG, en su cuenta de Twitter, declaró a la cubana como "non grata".
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