Pese a las críticas, el ministro de la Defensa, Luis Ralda, informó que los aviones argentinos Pampa III serán entregados el próximo 30 de noviembre.
El funcionario reconoció que hasta este momento no se han identificado las fuentes de financiamiento con las que se pagará las aeronaves, pero indicó que será con recursos propios del Ministerio de la Defensa.
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"Se van a pagar con recursos del Ministerio de la Defensa", insistió Ralda, pero dijo desconocer cuáles serían los programas que van a dejar de ejecutarse por el reacomodo interno.
Según el ministro, se hizo a través de un convenio porque de haberlo hecho utilizando el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado se habrían tardado dos años en adquirir las aeronaves, y de acuerdo con Ralda los aviones "son urgentes para combatir el narcotráfico".
La compra de los aviones "no es un capricho del ministro de la Defensa", dice Luis Ralda | @soy_502 pic.twitter.com/luBfIkmwks
— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) 8 de julio de 2019
Como ya lo había manifestado, Ralda indicó que la negociación se empezó desde enero, pero ya habían tenido acercamientos. Además, negó que se hubiera hecho un fraude de ley, como lo han señalado varios expertos, pues ya existen antecedentes de adquisiciones a través de convenios de cooperación.
La compra de los aviones no se abordó tampoco en el Consejo Nacional de Seguridad, pues "como ministro no puedo pasar todas las compras que vamos a hacer".
Mutuo acuerdo
El ministro de la Defensa aseguró que el convenio sólo se puede rescindir de mutuo acuerdo y por causas de fuerza mayor.
"No se podía dar publicidad hasta que los dos presidentes firmaran el convenio", dijo Ralda, pero la adquisición trascendió por información de los medios de comunicación de Argentina, quien obtuvo detalles con la empresa que proveerá las aeronaves.
De esta manera justifica el ministro de la Defensa por qué la compra de los aviones Pampa III en Argentina se hizo a través de un convenio | @soy_502 pic.twitter.com/nBtaxzs3Bu
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El funcionario indicó que va a solicitar una auditoría concurrente a la Contraloría General de Cuentas para que no haya ninguna duda sobre la transparencia del proceso.
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