El juez Jimi Bremer declaró en reserva total el caso de la abogada del exfiscal Juan Francisco Sandoval, Claudia González.
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Un funcionario estadounidense y diplomáticos de varios países, entre otras personas, se quedaron sin acceso a la audiencia de primera declaración de la exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González.
La diligencia estaba programada para la mañana de este miércoles 6 de septiembre, pero justo antes de que comenzara, se informó que el juez Jimi Bremer declaró el caso bajo reserva.
Debido a esto, la audiencia se desarrolló a puerta cerrada, por lo que ni los medios de comunicación ni organizaciones sociales u otras instancias pudieron conocer los argumentos del Ministerio Público (MP) contra la también abogada del exfiscal Juan Francisco Sandoval.
González lamentó tal decisión y manifestó que "esperaba que la audiencia fuera pública para que la ciudadanía se diera cuenta del trabajo ineficiente del MP". Tal como ha dicho desde su detención, la profesional dijo se trata de "una denuncia sin fundamento".
¿Quiénes acudieron?
Entre las personas que acudieron a la Torre de Tribunales para presenciar la diligencia figuró el subsecretario general adjunto para Centroamérica del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Eric Jacobstein.
El funcionario saludó a González a su arribo al lugar y le manifestó su respaldo. También llegaron representantes de la Embajada de Suecia, Suiza, Francia y Unión Europea, así como de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Mientras se desarrolla el proceso, un grupo de manifestantes se apostó a las afueras del citado ente, con el fin de externar su apoyo a la abogada y su rechazo al caso presentado en su contra por el MP.
Funcionario estadounidense Eric Jacobstein, entre quienes llegó a Torre de Tribunales en apoyo a la exmandataria del CICIG, Claudia González pic.twitter.com/5GW3vcEPRN
Las acusaciones
El MP informó el lunes 28 de agosto que a Juan Francisco Sandoval, Siomara Sosa y González se les señala de abuso de autoridad, por "permitir actos ilegales en perjuicio de la administración pública y de otro funcionario público, específicamente de la abogada Blanca Aida Stalling Dávila, magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)".
Según la institución, el caso Persecución Penal Ilegal se inició tras determinar que los entonces funcionarios de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) efectuaron diligencias contra Stalling sin antes recibir una denuncia ni ejecutar el respectivo proceso de levantamiento de antejuicio.
Estas acciones datan de febrero de 2017, cuando se capturó a la magistrada en la zona 9. Según un caso presentado por la FECI y CICIG en aquel entonces, Stalling pretendió influir en las decisiones del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, designado para realizar el juicio en contra de su hijo, Otto Fernando Molina Stalling.
