El Ejecutivo sancionó la Ley de Atención Integral del Cáncer.
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El pasado 7 de marzo los diputados aprobaron la Ley de Atención Integral del Cáncer, una propuesta de la exdiputada Lucrecia Hernández Mack, quien falleció por este padecimiento.
El presidente Bernardo Arévalo sancionó la ley y lo hizo en un acto simbólico en el que recordaron a Hernández Mack.
El acto se realizó en el Hospital General San Juan de Dios, en el que participaron ministros, diputados, así como personas que han vencido el cáncer y la familia de la excongresista.
Uno de los hijos de Lucrecia agradeció por el apoyo y por la ley aprobada.
Acto seguido, Arévalo firmó la sanción de la ley para que entre en vigencia.
"Fue la fuerza humana que impulsó y que tuvo esta visión que hoy vamos a firmar a favor de todos los guatemaltecos, como presidente voy a sancionar esta ley y como gobierno asumimos el compromiso de cumplirla", dijo el gobernante.
La Ley de Atención Integral del Cáncer
La creación de un hospital público especializado en la atención del cáncer será una realidad, pues el Congreso aprobó, con 130 votos a favor, una ley que contempla esa obra de infraestructura.
La normativa, contenida en el Decreto 7-2024, pasó de urgencia nacional y, entre otros aspectos, establece los derechos de los pacientes afectados por esa enfermedad. Entre ellos figuran el diagnóstico, tratamiento, suministro de medicamentos e intervenciones quirúrgicas necesarios.
En ese marco, la denominada Ley de Atención Integral del Cáncer establece la obligatoriedad de brindar servicios al mencionado sector, aplicando los siguientes principios:
- Atención médica adecuada
- Trato humano
- Información clara, oportuna y pertinente
- Confidencialidad
- Facilidad para recibir una segunda opinión
- Atención de urgencia
- Atención integral complementaria
La norma también obliga al Ministerio de Salud a crear diversos programas, normas, regulaciones y controles para asegurar que los adultos y niños afectados por ese padecimiento reciban una asistencia completa y de forma gratuita.
Para ello, se tendrían que crear políticas nacionales específicas, incluida una contra las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, padecimientos cardiovasculares y enfermedad renal.