El presidente Bernardo Arévalo se refirió a las diligencias efectuadas por el MP en la Empresa Portuaria Quetzal por la situación de la terminal de contenedores manejada por APM Terminals.
EN CONTEXTO: MP realiza diligencias en las oficinas de la Empresa Portuaria Quetzal
"Es una medida de hostigamiento e intimidación", así se refirió el presidente Bernardo Arévalo a las diligencias efectuadas por el Ministerio Público (MP) en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) relacionadas con una supuesta decisión de intervenir esa entidad.
Arévalo detalló que el MP solicitó información "ante la posibilidad, dicen ellos, de que se decrete una intervención".
Al respecto el mandatario dijo: "En primer lugar no hay ninguna intervención, la Junta Directiva está operando de manera normal. En segundo lugar, la intervención (de una institución del Estado) está establecida constitucionalmente como un atributo del Presidente de la República".
"No hay otra explicación que intentar responder a intereses espurios, que lo que están tratando que no salgan las negociaciones para de esa manera tratar de que alguno de sus asociados se lleve algún contrato jugoso. Esa es la forma en que han venido trabajando, pero con este gobierno no les va a funcionar", sentenció Arévalo.
Las diligencias
El pasado viernes 12 de julio, el MP, a través de la Fiscalía contra la Corrupción, acudió a las oficinas centrales de EPQ para presentar un requerimiento de información con el fin de "recabar información relevante sobre la posible intervención de dicha entidad".
La misiva que fue entregada pretendía recabar lo siguiente:
- "¿Se les ha notificado alguna acción relativa a la intervención de EPQ?"
- "De ser afirmativo, remitir información o documentación con la que cuenten al respecto".
Y para ello dieron un plazo de cinco días para presentar la información solicitada. El oficio fue entregado y de inmediato los abogados de EPQ se apersonaron al MP para resolver cualquier duda al respecto.
¿Qué ocurre en EPQ?
Luego que la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo declarara en definitiva la nulidad del contrato entre EPQ y APM Terminals, se buscaron muchas salidas a la situación que provocaría en las operaciones del puerto, debido a que la empresa filial de la holandesa Maersk Group opera más del 60% del comercio de contenedores en el lugar.
Una de las posibles soluciones que se plantearon fue la posible intervención de EPQ, pero la medida fue descartada bajo el argumento de que solo ayudaría para agilizar trámites administrativos, pero no ayudaría a solventar la posible crisis portuaria.
Más tarde, la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Escuintla, constituida en Tribunal de Amparo, otorgó amparo provisional al sector privado organizado y se ordenó agilizar los procesos para mitigar el impacto que provocaría la salida de APM Terminals del país.
El proceso en contra de la filial de Maersk Group se inició desde 2016, luego que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), en ese entonces dirigida por Juan Francisco Sandoval, revelaron que Pérez Molina y Baldetti lideraron una red compuesta por 15 personas que procuraron la firma irregular del contrato entre EPQ y TCQ a cambio de sobornos que sumaban más de 30 millones de dólares (unos Q234 millones).
El proceso legal para lograr la anulación del contrato duró 12 años. El retraso se debió en gran parte a las acciones legales presentadas por APM Terminals. Ahora, la Junta Directiva de EPQ trabaja en un modelo que permita mantener la agilidad del servicio, sin perjudicar el comercio.
Hasta ahora se ha hablado de una nueva licitación pública internacional, pero esta solución se hará a largo plazo, mientras que EPQ asumiría de manera escalonada el control de la terminal de contenedores manejada por la filial holandesa.
