Los servicios de alojamiento que se prestan a través de la plataforma Airbnb serán auditados por la Superintendencia de Administración Tributaria.
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Cerca de 300 millones de dólares (más Q2,300 millones) habrían sido evadidos más de por 2 mil personas (2,659) que prestan servicios de alojamiento a través de la plataforma Airbnb en Guatemala, informó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Esta información corresponde a los años 2021 y 2022, la cual que derivó de una investigación realizada con el apoyo de la plataforma Airbnb, con sede en Irlanda.
En esta investigación también se identificó que los departamentos donde más ocurre esta práctica es en el departamento de Guatemala, Sacatepéquez, por Antigua Guatemala, Sololá y algunas áreas cercanas a playas.
Según el jefe de la Superintendencia, Marco Livio Díaz, se ubicó el alquiler de más de 7 mil inmuebles diferentes (7,242), y se han prestado por 254 mil veces en los años 2021 y 2022.
¿Cómo se evadieron impuestos?
La SAT estima que algunas de las personas que prestan servicios de alojamiento, conocidos como Airbnb, sí facturaron, pero no lo hicieron por la prestación de estos alquileres.
En ese contexto, la SAT percibió U$109 millones (aproximadamente Q866 millones) facturados entre el 2021 y 2022, lo cual, considera, pudo haber sido por la prestación de servicio de hospedaje.
Sin embargo, existe otro grupo de personas que igualmente prestan sus viviendas como alojamiento, pero es un servicio no facturado, por lo que la SAT considera que el monto de evasión supera los US$185 millones.
Una cifra que podría duplicarse y llegar a los U$300 millones, si se considera que los contribuyentes dejaron de pagar el Impuesto al Valor Agregado (12%), el Impuesto Sobre la Renta, 5% en el régimen simplificado y hasta del 25% según el régimen de inscripción tributaria.
Fiscalización
Según el jefe de la SAT, el anuncio de las investigaciones por evasión fiscal a través de los Airbnb van acompañados de los procedimientos establecidos por la institución para lograr que los contribuyentes se acerquen a regular su condición de deuda al fisco.
Lo cual empieza con el acercamiento que el personal de la SAT realiza a las personas identificadas que, al no presentarse a regular su condición, la Superintendencia decide enviar un proceso de auditoría a los prestadores de servicios. Y de hacer caso omiso, procede el embargo de las cuentas y la cancelación de sus operaciones; en última instancia, los contribuyentes deberán enfrentar proceso penal.
En cuanto a los casos identificados, la SAT mapeó a los prestadores de estos servicios y de esa cuenta estableció que:
- Existen 818 contribuyentes no afiliados al impuesto que arrendaron espacios en 58,166 veces por un total de Q154 millones.
- Hay 1,459 personas que no facturaron servicios de alojamiento, pero prestaron 107,228 alquileres, por lo que habrían percibido Q402 millones.
- También se encontró que 124 personas registradas como pequeños contribuyentes realizaron 23,358 alquileres, por un total de Q169 millones, por lo tanto, superan los montos que en su régimen debieran facturar.
- También se hallaron que 50 Sociedades Anónimas con inconsistencias realizaron 5,370 alquileres por un monto de Q20 millones.
De momento, la Superintendencia trabaja en la investigación de 208 personas que pudieron haber realizado 60,330 alquileres, por lo que habrían recibido Q121 millones.
