Cada vez se me hace más difícil comprender por qué necesitamos resguardar a nuestros funcionarios públicos con un derecho tan particular como el de antejuicio. Conozco de sobra las razones que se argumentan siempre. “De no tenerlo, ejercer la función pública en un país con las características de Guatemala sería imposible” dicen algunos.“Sin esa protección, cualquiera tendría la potestad, por razones espurias o venganzas personales, de arruinarle la carrera política a cualquiera”, razonan otros. Y por supuesto, cuando se pretendió reformarse el asunto y retirarlo a, por ejemplo, alcaldes el resultado fue un “no” resonante.
A estas alturas, ya perdí la cuenta de cuántas solicitudes del retiro del casi sacrosanto derecho estarían pendientes de resolverse. Jamás, desde que se inició la era democrática en 1985, se habían presentado tantas demandas.
El Ministerio Público ha pedido que se deje investigar, sin obstáculos de por medio, al alcalde capitalino, al presidente, a un variopinto conjunto de diputados, a varios jueces, a concejales, a síndicos... la lista suma y suma. Y eso que aún está pendiente que las investigaciones vinculadas a la corrupción de Odebrecht vean la luz.
Es tanta la avalancha que, lo confieso, no recordaba que una de las peticiones rezagadas involucraba a una persona a la que el MP implica en un doble asesinato. Y así, el diputado por Suchitépequez, Julio Juárez, mantuvo su inmunidad casi un año.
Danilo López y Federico Salazar, ambos periodistas, murieron acribillados a balazos el 10 de marzo de 2015. Sergio Cardona Reyes fue condenado en octubre pasado a 30 años de cárcel por estar implicado en los hechos. Pero Thelma Aldana, la Fiscal General, había señalado, desde el 26 de enero, que el legislador sería el autor intelectual.
La primera acción efectuada por el parlamentario al perder su inmunidad fue enviar una carta al Congreso de la República para decir que no podría llegar a trabajar más por “quebrantos de salud”. No ha sido el primero en firmar a toda prisa una correspondencia dirigida al presidente del Legislativo. Ni tampoco será el último, dado el volumen de expedientes por resolver de quienes se aferran a la curul con tal de evitar un proceso judicial.
Y aunque cabe aclarar que retirar el derecho de antejuicio no es sinónimo de condena, me parece inconcebible que una persona acusada de asesinato haya estado protegida por este manto durante once meses. El diputado Juárez ya fue arraigado. Habrá que observar en los próximos días, cuáles serán los paso que tome el Ministerio Público. Pero como sociedad, es urgente que nos replanteemos de nuevo la vigencia de esta figura. La mayoría de países no la tienen y no vemos sus cárceles atestadas de políticos por acusaciones espurias o venganzas personales.
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