El hecho de que la abogada Karin Fabiola Landaverry trabajara para Marvin Mérida y su cuñado, el ministro de Energía y Minas, Luis Chang, es más que una coincidencia.
La abogada defiende el caso que Mérida enfrenta en la Fiscalía de Asuntos Administrativos y por el que se le señala de usurpación de funciones después de escribir una carta al senador Mike Lee de Estados Unidos.
- RECUERDA EL CASO ABIERTO:
Según el reporte del caso, el 4 de abril, Landaverry se apersonó con los fiscales para conocer los avances de la investigación.
Tres semanas después, Landaverry firmó un contrato con el Ministerio de Energía y Minas que dirige el cuñado de Mérida, Luis Chang, quien siempre ha desmentido que le deba el cargo por su relación con Jimmy Morales.
El contrato tenía una duración de un mes e iba a recibir Q22 mil por el trabajo. En concreto, el 23 de abril lo firmó junto con el viceministro del Área Energética, Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez.
Entre sus funciones estaba la de brindar asesoría legal en materia de minería y asesorar legal y administrativamente sobre otros temas que le requiera la Dirección de Minería. Para completar esta nota se trató de contactar con el director de la unidad, Francisco Ricardo Díaz Cajas, sin embargo, a través de la unidad de comunicación respondió que el ministro es el único encargado de ofrecer declaraciones en la institución.
El contrato “inconveniente”
No obstante, Landaverry no concluyó su contrato. Una semana después de la firma, el propio Chang firmó la rescisión del contrato de forma unilateral y por “conveniencia” del ministerio.
Asimismo, Landaverry recibió Q9 mil durante una semana y, en sus informes, aseguró que apoyó al director general de minería, también con una gestión para agilizar la tramitación de los expedientes administración y en la revisión de expedientes administrativos ilegales, entre otras tareas.
Para conocer la versión del ministro Chang, se le trató de abordar después de la conferencia de prensa posterior al Gabinete de Ministros, sin embargo no quiso responder las preguntas.
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Una práctica común
Manfredo Marroquín, representante de Acción Ciudadana, indicó que esta contratación responde al vínculo entre el ministro y el exembajador ad honorem.
“Es algo normal en el actual gobierno donde todo el nepotismo y el uso de fondos públicos para fines personales es una constante”, expresó.
Marroquín concluyó que se trata de un “clásico tráfico de influencias y nepotismo”.
