Valeria lleva dos años y cuatro meses internada en un hospital. La niña ha pasado casi la mitad de su vida conectada a un aparato que le permite respirar, entubada de pies a cabeza y postrada sobre una cama.
Su futuro es incierto desde el 25 de marzo de 2015, cuando le colocaron la anestesia que provocó que no pudiera volver a caminar ni hablar, y a comer por medio de una sonda. Ahora sus padres buscan mantenerla con vida y que esta sea lo más digna posible.
La antesala de la tragedia
Todo empezó con un examen auditivo.
El matrimonio llevó a la pequeña a unos exámenes a la Clínica para Oír Mejor. En una de las evaluaciones se requería sedar a la niña, para lo cual se llamó al doctor Raúl Rodríguez Román, anestesiólogo, quien le aseguró a los padres que se trataba de algo de rutina, un tratamiento leve y que no tomaría más de una hora. Les indicó que debían salir de la habitación.
“Nos dijeron que nos la íbamos a llevar caminando como la trajimos”, recuerda Jonathan, padre de la menor.
Antes de retirarse, la madre de Valeria le cantó a la niña: “Tres pececitos se fueron a nadar, el más pequeñito se fue al fondo del mar” y la pequeña reía. Eran las 12 horas.
Al regreso de los padres, 45 minutos después, ellos notaron que había mucha actividad en la habitación en la cual estaba Valeria. Vieron al anestesiólogo salir pálido y volver a entrar; una enfermera le llevó un tanque de oxígeno y luego suero. Nadie les dio una respuesta. A las 16:00 horas vieron a Rodríguez Román salir del cuarto con la pequeña en brazos. Ella convulsionaba.
Las horas trágicas
Valeria pasó seis horas en un consultorio. No fue hasta que intervino el pediatra de la pequeña que accedieron a trasladarla al hospital. El centro asistencial elegido fue el sanatorio El Pilar.
Jonathan y su esposa Jennifer tuvieron el primer diagnóstico de Valeria a las 22:00 horas de ese día. Los doctores le daban una posibilidad del 5% de sobrevivir; pero, si “por un milagro” lo hacía, tendría daño cerebral permanente el resto de su vida.
La niña sobrevivió. Después de 15 días la inflamación de su cerebro bajó. Cuando Valeria despertó reconoció a sus papás, sonrió, estaba consciente. Pero aquella pequeña que bailaba con las canciones de Hi5 era completamente diferente.
Un cambio radical
El matrimonio Herrera Flores pasó los cumpleaños tres y cuatro de su hija en el intensivo del hospital.
La familia estaba acostumbrándose a su nuevo estilo de vida cuando recibieron una notificación de que el 2 de diciembre de 2016 el médico Rodríguez Román pagó la última cuota, pero dejó de hacerlo. Hasta ese mes, canceló más de 3 millones de quetzales; sin embargo, para cuando fueron notificados, la cuenta había sumado 1 millón más.
Ante la falta de pago por parte del anestesiólogo, el sanatorio ofreció el traslado a hospital público. Sin embargo, la familia logró medidas de protección para menores por parte de una jueza y ordenó una verificación.
Se intentó contactar a Raúl Rodríguez Román, pero el hospital perdió la comunicación con él. En otro centro donde laboraba, ubicado en la zona 11, se indicó que coincidentemente desde esa fecha había dejado de trabajar y que se había declarado insolvente, por lo que todo ingreso recibido sería trasladado para cubrir la deuda. La familia de Valeria tampoco tiene forma de hablar con el anestesiólogo.
Hoy está programada una audiencia con la jueza para conocer las evaluaciones, por lo que podría ordenar el traslado de Valeria a un hospital público.
El hospital Roosevelt fue el único centro de la red nacional que respondió positivamente ante al consulta de la jueza para menores sobre la posibilidad de recibir a Valeria. Sin embargo, los padres de la niña temen por la vida de ella.
El director del Roosevelt, Carlos Soto, resaltó que el centro de salud tienen la responsabilidad de atender a todos los guatemaltecos que ingresen e insistió en que sí hay abastecimiento de todos los medicamentos que necesita la pequeña.
La familia también reclama a la empresa Tecniscan por la responsabilidad de esta última, ya que fue en sus instalaciones que se llevó a cabo el examen auditivo. La entidad señaló que Rodríguez Román tan solo solicitó un espacio, pero no hubo autorización por escrito para ello y que se llegó a realizar por una confusión. También resaltaron que no se han hecho cargo de los gastos, a pesar de que la familia insiste en que sí y que el anestesiólogo no laboró directamente con ellos.
Al ser consultado por esta situación, el Departamento de Comunicación del sanatorio El Pilar declaró que "Valeria es una niña muy querida en el centro y que ha recibido toda la atención y medicamentos necesarios para su condición".
Además, se reservaron la condición de revelar detalles sobre el proceso legal que se desarrolla "debido a la confidencialidad existente en un relación médico-paciente".
Preparan denuncia penal
Además de la audiencia que está programada para este lunes, la familia denunció a Rodríguez Román ante el Ministerio Público por considerar que hay un caso penal.
La abogada de la familia considera que los hechos califican para denunciar penalmente al anestesiólogo.
Entre sus argumentos, refieren un testimonio del internista de El Pilar, quien señaló que el médico explicó lo sucedido: se le practicó a Valeria una anestesia general sin la autorización de los padres, explicó Juárez, abogada de la familia.
* Con informaciön de Roberto Caubilla
