El juicio en contra del hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, la exregistradora de la Propiedad Anabella de León y otras 22 personas que habrían defraudado al Registro General de la Propiedad, con diversas acciones, está llegando a la fase final luego de 20 meses de audiencias.
Al caso se le conoce como Botín Registro de la Propiedad.
El último testigo del juicio será escuchado el 16 de mayo. Se trata de Salvador Fernando Lozano, quien era el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Registro durante la administración de Anabella de León.
El Ministerio Público (MP) pidió renunciar al testimonio de Lozano, pero los abogados defensores se opusieron y el Tribunal Décimo Tercero resolvió que el sindicalista debe presentarse.
Testigos y pruebas
El Tribunal escuchó la declaración de 87 testigos y 8 peritos. De ellos 10 testigos fueron propuestos por la defensa.
Además se analizaron 385 documentos como prueba, entre ellos una factura que de acuerdo a la acusación del MP, habría entregado José Manuel Morales Marroquín, hijo del presidente Jimmy Morales para el cobro de 90 mil quetzales por un servicio que no se prestó.
- Así lo informamos:
Conclusiones
Luego de escuchar al sindicalista, el Tribunal preguntará a los defensores y Ministerio Público si tienen nuevas pruebas que aportar. Si proponen se entraría a discutir si es viable aceptarlas o de lo contrario iniciaría la fase de conclusiones.
En las conclusiones la Fiscalía Especial contra la Impunidad, a cargo del caso, realizará las peticiones correspondientes a las condenas que propone sean impuestas a los acusados.
Luego los defensores presentan sus últimos argumentos de defensa y los acusados tienen derecho a realizar una última petición al Tribunal antes de retirarse a deliberar.
No hay plazo establecido para que esta fase se realice y podría durar meses, tomando en cuenta que el Tribunal ha realizado casi dos audiencias por mes.
José Manuel Morales Marroquín está acusado de fraude en forma continuada.
En el caso de su tío Samuel Morales el juicio se aperturó por fraude y lavado de dinero, aunque existe aún un recurso pendiente de resolverse en la Corte de Constitucionalidad (CC) en relación a si debe o no ser investigado por lavado de dinero.
